En Argentina, el 32 % de los detenidos condenados vuelve a la cárcel. El dato oficial surge del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena, y es el resultado de la suma de los detenidos reiterantes, más los reincidentes y los reincidentes múltiples.
Si bien este porcentaje de reingreso es alto, es posible que sea aún mayor ya que se debe tener en cuenta que al calcularlo sólo se toma a los condenados sin tener en cuenta a los procesados (sin condena firme) que ascienden al 51% del total de la población en cárceles.
Reafirma esto, la existencia de informes no oficiales que mencionan una tasa de reingreso de entre el 40 % y el 55 %. Y suponiendo que este índice sea del 50 %, esto implica que 5 de cada 10 detenidos vuelven a cometer delitos luego de salir de la cárcel. Es decir, que de los 60.789 reclusos actualmente detenidos, más de 30 mil volverán a ingresar al sistema penitenciario.
Es por ello que entiendo que al planificar la política criminal se debe tener especialmente en cuenta la situación carcelaria, el rol del sistema penitenciario y sus resultados; ya que si la etapa de ejecución de la pena no cumple con su objetivo principal de lograr la reinserción social del detenido, no hay forma de mejorar el panorama de inseguridad que se vive en el país.
Así las cosas, creo que cabe preguntarnos cuales deberían ser los ejes para conseguir una efectiva reinserción social de aquellas personas que egresan de la cárcel; y en este sentido existe consenso entre la mayoría de los especialistas en la importancia de desarrollar programas de: educación, trabajo y deporte dentro de la cárcel.
De hecho, abordando el primer eje relativo a educación, también se estaría avanzando en una deuda social en materia de nivel de instrucción, ya que según datos oficiales el 44 % de los internos no han terminado sus estudios: el 28 % posee el primario incompleto y el 16 % adeuda finalizar el secundario.
Y en cuanto al trabajo, también surge que al momento de ingreso el 40 % de los imputados se encontraban desocupados, mientras que el 35 % solo poseía trabajo de tiempo parcial; es decir que el 75 % de los ingresantes no tenían trabajo de tiempo completo. Por último, con relación a su capacitación laboral el 43 % de la población total no posee oficio ni profesión.
En consecuencia, resulta importante que dentro de las cárceles se establezcan programas que tengan como finalidad ayudar a los internos a terminar su educación primaria y secundaria; como también aumentar la enseñanza de artes y oficios acordes con las demandas laborales reales del medio en el que se tendrá que reinsertar el interno.
Para ello, se necesita un plan que posea objetivos a corto, mediano y largo plazo a cargo de un funcionario responsable, que presente anualmente un informe da rendición de cuentas sobre la eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos preestablecidos, con sus avances concretos, las dificultades y haciendo saber la forma en que se han administrado los recursos públicos en términos de eficiencia del gasto.
La política penitenciaria se encuentra dentro de un marco más amplio que es el de la política criminal, y en el logro de su objetivo resocializador debe cumplir con los valores constitucionales y respetar los derechos humanos; sólo así podrá hacer su aporte para superar la delicada situación de inseguridad.
Publicado previamente en Suplemento Judicial del BAE.
miércoles, 20 de noviembre de 2013
miércoles, 13 de noviembre de 2013
RECOMENDACIONES del IDH 2013 - 2014 sobre Seguridad Ciudadana para América Latina
RECOMENDACIONES del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 - 2014 sobre seguridad ciudadana para America Latina:
1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado;
2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito;
3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad;
4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos;
5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana;
6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes;
7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público;
8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas;
9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública y
10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.
El IDH regional concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Más información en:
“Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para América Latina”
http://www.pnud.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human-development-report-for-latin-america-2013-2014/
"La inseguridad ciudadana frena el desarrollo de América Latina, dice el PNUD"
http://www.pnud.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2013/11/12/citizen-insecurity-thwarts-latin-america-s-development-says-undp/
martes, 8 de octubre de 2013
LOS FISCALES Y SU NUEVO ROL
Los sistemas acusatorios plantean un nuevo escenario al Ministerio Público Fiscal; en estos sistemas procesales cambia el rol de los fiscales a quienes el código procesal les asigna un mayor protagonismo con nuevas obligaciones y responsabilidades.
El gran desafío para el Ministerio Público Fiscal será conseguir una mayor eficacia en la persecución penal resguardando los derechos y garantías individuales. Es decir, cómo lograr que los fiscales sean más eficientes en la persecución de los delitos, mejorando los resultados obtenidos; y de este modo hacer un aporte en términos de seguridad ciudadana.
Este nuevo rol, implica que el fiscal lleve adelante la investigación a lo largo de todo el proceso penal; asignándole las funciones de: investigar, plantear una persecución inteligente de los delitos, litigar en juicio y asistir a la víctima. Y la mayor dificultad será cumplir con las funciones mencionadas, haciéndose cargo de la gran cantidad de trabajo que ya pesa sobre las fiscalías.
Está claro, que con fiscalías tal como las conocemos, no hay forma de poder llevar adelante todo esto; y que además tenemos que pensar que estas tareas no pueden ser desempeñadas por cada fiscal individual. Sino que será necesario contar con una policía de investigaciones que, dirigida por los fiscales, realice las tareas de investigación; con áreas específicas de asistencia a la víctima; y otras que se ocupen de la planificación estratégica y la formulación de la política criminal. Todas estas áreas con personal multidisciplinario e idóneo con un perfil bien distinto al de los fiscales.
Así, para poder hacer frente a este nuevo escenario, será preciso contar con una organización de la oficina judicial distinta; que deje atrás el modelo tradicional que copia a los juzgados de instrucción, como también pensar criterios de gestión judicial específicos y adecuados a las nuevas tareas que debe desempeñar el Ministerio Público Fiscal.
De este modo, el diseño organizacional debe estar guiado por el rol del fiscal e incluir mejoras en la gestión de las fiscalías para cumplir con las nuevas funciones y conseguir sus objetivos estratégicos.
Para ello, resulta importante que las reformas en materia procesal penal no se limiten a solamente a sustituir los códigos existentes. Resulta imprescindible que se avance en la transformación de la organización y gestión judicial, que se implementen los cambios de manera planificada y ordenada, con una fuerte capacitación e inversión en infraestructura y tecnología.
También es sustancial, tener claro que no existe un único “nuevo modelo de fiscalía ideal”; sino algunos lineamientos generales, que acompañados de las herramientas que ha desarrollado la gestión pública, permitirán una reforma apropiada y específica para las fiscalías penales de cada jurisdicción.
Un diseño innovador que, partiendo del nuevo rol de los fiscales, y teniendo en cuenta la carga de trabajo, la conflictividad, el tipo de delito y particularidades de cada zona, permita hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con sus objetivos estratégicos, para que los fiscales puedan representar y defender los intereses de la sociedad de la mejor manera posible.
El gran desafío para el Ministerio Público Fiscal será conseguir una mayor eficacia en la persecución penal resguardando los derechos y garantías individuales. Es decir, cómo lograr que los fiscales sean más eficientes en la persecución de los delitos, mejorando los resultados obtenidos; y de este modo hacer un aporte en términos de seguridad ciudadana.
Este nuevo rol, implica que el fiscal lleve adelante la investigación a lo largo de todo el proceso penal; asignándole las funciones de: investigar, plantear una persecución inteligente de los delitos, litigar en juicio y asistir a la víctima. Y la mayor dificultad será cumplir con las funciones mencionadas, haciéndose cargo de la gran cantidad de trabajo que ya pesa sobre las fiscalías.
Está claro, que con fiscalías tal como las conocemos, no hay forma de poder llevar adelante todo esto; y que además tenemos que pensar que estas tareas no pueden ser desempeñadas por cada fiscal individual. Sino que será necesario contar con una policía de investigaciones que, dirigida por los fiscales, realice las tareas de investigación; con áreas específicas de asistencia a la víctima; y otras que se ocupen de la planificación estratégica y la formulación de la política criminal. Todas estas áreas con personal multidisciplinario e idóneo con un perfil bien distinto al de los fiscales.
Así, para poder hacer frente a este nuevo escenario, será preciso contar con una organización de la oficina judicial distinta; que deje atrás el modelo tradicional que copia a los juzgados de instrucción, como también pensar criterios de gestión judicial específicos y adecuados a las nuevas tareas que debe desempeñar el Ministerio Público Fiscal.
De este modo, el diseño organizacional debe estar guiado por el rol del fiscal e incluir mejoras en la gestión de las fiscalías para cumplir con las nuevas funciones y conseguir sus objetivos estratégicos.
Para ello, resulta importante que las reformas en materia procesal penal no se limiten a solamente a sustituir los códigos existentes. Resulta imprescindible que se avance en la transformación de la organización y gestión judicial, que se implementen los cambios de manera planificada y ordenada, con una fuerte capacitación e inversión en infraestructura y tecnología.
También es sustancial, tener claro que no existe un único “nuevo modelo de fiscalía ideal”; sino algunos lineamientos generales, que acompañados de las herramientas que ha desarrollado la gestión pública, permitirán una reforma apropiada y específica para las fiscalías penales de cada jurisdicción.
Un diseño innovador que, partiendo del nuevo rol de los fiscales, y teniendo en cuenta la carga de trabajo, la conflictividad, el tipo de delito y particularidades de cada zona, permita hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con sus objetivos estratégicos, para que los fiscales puedan representar y defender los intereses de la sociedad de la mejor manera posible.
viernes, 5 de julio de 2013
Ejes estratégicos para la reforma judicial necesaria
Tras el fallo[1] de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cabe continuar debatiendo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura puesto que el máximo tribunal fue claro al decidir su inconstitucionalidad.
En su sentencia, la Corte destacó algunos principios importantes de nuestra forma de gobierno republicana y representativa, como la división de poderes, la independencia judicial y el control de constitucionalidad como "instancia de protección de los derechos fundamentales de las personas".
Por otra parte, y siguiendo a Binder, creemos que la reforma planteada no genera modificaciones sustanciales al sistema judicial en términos de acceso a la Justicia ni de mejora de su funcionamiento. Y tampoco es un buen comienzo, toda vez que la orientación planteada en las leyes de la llamada "democratización de la Justicia" pone en riesgo la independencia judicial y no soluciona a fin de cuentas los problemas del poder judicial, que sin duda existen.
Atento a esto, entendemos que no debe desperdiciarse la oportunidad para plantear la necesidad de mejorar nuestro sistema de administración de justicia y avanzar hacia una verdadera reforma judicial. Para ello, estimamos que resultará útil partir de las necesidades concretas de las personas, haciéndose cargo de los principales problemas y deudas pendientes de nuestro sistema judicial.
En este sentido, podemos afirmar que, en general, la mayoría de las investigaciones que analizan el funcionamiento del sistema judicial y los especialistas en la materia coinciden en destacar que el mayor problema es la falta de acceso a la Justicia, seguido por la larga duración de los procesos y el mal funcionamiento de la justicia penal.
En razón de esto, la reforma judicial debe plantearse de manera integral formulando un plan que, partiendo de un diagnóstico previo, fije objetivos concretos, asignando prioridades y contemple un proceso de implementación que resulte adecuado para el logro de los fines definidos previamente.
Al encarar una reforma de estas características, también es recomendable realizar un debate participativo a fin de planificar y delinear sus contenidos de manera consensuada con los operadores judiciales, abogados, representantes de la sociedad civil, académicos y expertos. Así se garantiza que la reforma surja del consenso de los principales actores del sistema judicial y no aparezca como impuesta por ningún sector; y, en consecuencia, posea una mayor legitimidad.
En nuestro país existen ejemplos y experiencias de este tipo, como la mesa permanente del diálogo argentino, el convenio de cooperación técnica para la reforma judicial de la Corte Suprema con organizaciones no gubernamentales y las conferencias nacionales de jueces.
Posibles ejes estratégicos:
Con el objetivo de iniciar el debate, creemos de utilidad sugerir algunos de los lineamientos estratégicos que a nuestro entender debería abordar un plan nacional de reforma judicial:
Asegurar la independencia y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial
Instaurando mecanismos que garanticen la imparcialidad de los magistrados y de la Justicia en cuanto poder del Estado. En este punto, el Consejo de la Magistratura posee un rol fundamental ya que se ocupa de seleccionar y remover a los jueces; para desempeñar de manera técnica y objetiva estas tareas, se requiere de una integración equilibrada en la que ningún estamento posea mayoría por sí mismo. También es necesario implementar mecanismos que garanticen la publicidad y transparencia en los procedimientos de selección y remoción de magistrados y funcionarios.
Políticas públicas de acceso a la Justicia
Con el objeto de garantizar una justicia igualitaria, ampliando la accesibilidad a la resolución de conflictos y la defensa de sus derechos a todas las personas, es necesario contar con un plan que contenga programas de difusión de derechos y educación ciudadana, que descentralice las oficinas judiciales acercándolas a la gente, que amplíe por ejemplo su horario de atención al público, y que ponga en marcha métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación.
Modernización de la organización y gestión judicial
El Poder Judicial presta un servicio público esencial que debe ser brindado con calidad; para ello, es necesario modificar las antiguas estructuras judiciales e implementar un nuevo modelo de oficina judicial diseñado teniendo en cuenta las tareas que se realizan, la carga de trabajo y su conflictividad o complejidad a fin de modificar la forma de organizar el trabajo, es decir, la gestión judicial.
Justicia y seguridad: fortalecer la seguridad mediante una justicia rápida y eficaz.
Resulta imperioso que el Estado pueda ejercer una persecución penal eficaz de los delitos, respetando los derechos de las partes durante el proceso (imputado y víctima) y garantizando el derecho humano fundamental a la seguridad de toda la sociedad.
Para esto, es necesario agilizar el juzgamiento de los delitos y una aplicación rigurosa de las penas de manera rápida y efectiva a quien cometió el delito, destacando así el rol disuasivo de la Justicia a modo de prevención general.
Asimismo, es importante poder contar con una investigación penal eficaz que permita mejorar los resultados y llevar adelante una persecución penal estratégica que se ocupe de investigar las causas del delito, los casos complejos y las organizaciones delictivas. Para lograr esto, es necesario fortalecer al Ministerio Público Fiscal y dotarlo de una policía de investigaciones a su cargo.
Estamos convencidos de que la Justicia necesita cambios que mejoren su funcionamiento; pero la reforma judicial no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia. La reforma judicial continúa pendiente y resulta necesaria. El desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de los jueces a fin de que al momento de juzgar y dictar sentencia puedan resolver los conflictos de manera justa y defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.
@martincasares
----------------
[1] Rizzo Jorge G. s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13).
Columna publicada en: La Ley Online 3 de julio de 2013.
En su sentencia, la Corte destacó algunos principios importantes de nuestra forma de gobierno republicana y representativa, como la división de poderes, la independencia judicial y el control de constitucionalidad como "instancia de protección de los derechos fundamentales de las personas".
Por otra parte, y siguiendo a Binder, creemos que la reforma planteada no genera modificaciones sustanciales al sistema judicial en términos de acceso a la Justicia ni de mejora de su funcionamiento. Y tampoco es un buen comienzo, toda vez que la orientación planteada en las leyes de la llamada "democratización de la Justicia" pone en riesgo la independencia judicial y no soluciona a fin de cuentas los problemas del poder judicial, que sin duda existen.
Atento a esto, entendemos que no debe desperdiciarse la oportunidad para plantear la necesidad de mejorar nuestro sistema de administración de justicia y avanzar hacia una verdadera reforma judicial. Para ello, estimamos que resultará útil partir de las necesidades concretas de las personas, haciéndose cargo de los principales problemas y deudas pendientes de nuestro sistema judicial.
En este sentido, podemos afirmar que, en general, la mayoría de las investigaciones que analizan el funcionamiento del sistema judicial y los especialistas en la materia coinciden en destacar que el mayor problema es la falta de acceso a la Justicia, seguido por la larga duración de los procesos y el mal funcionamiento de la justicia penal.
En razón de esto, la reforma judicial debe plantearse de manera integral formulando un plan que, partiendo de un diagnóstico previo, fije objetivos concretos, asignando prioridades y contemple un proceso de implementación que resulte adecuado para el logro de los fines definidos previamente.
Al encarar una reforma de estas características, también es recomendable realizar un debate participativo a fin de planificar y delinear sus contenidos de manera consensuada con los operadores judiciales, abogados, representantes de la sociedad civil, académicos y expertos. Así se garantiza que la reforma surja del consenso de los principales actores del sistema judicial y no aparezca como impuesta por ningún sector; y, en consecuencia, posea una mayor legitimidad.
En nuestro país existen ejemplos y experiencias de este tipo, como la mesa permanente del diálogo argentino, el convenio de cooperación técnica para la reforma judicial de la Corte Suprema con organizaciones no gubernamentales y las conferencias nacionales de jueces.
Posibles ejes estratégicos:
Con el objetivo de iniciar el debate, creemos de utilidad sugerir algunos de los lineamientos estratégicos que a nuestro entender debería abordar un plan nacional de reforma judicial:
Asegurar la independencia y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial
Instaurando mecanismos que garanticen la imparcialidad de los magistrados y de la Justicia en cuanto poder del Estado. En este punto, el Consejo de la Magistratura posee un rol fundamental ya que se ocupa de seleccionar y remover a los jueces; para desempeñar de manera técnica y objetiva estas tareas, se requiere de una integración equilibrada en la que ningún estamento posea mayoría por sí mismo. También es necesario implementar mecanismos que garanticen la publicidad y transparencia en los procedimientos de selección y remoción de magistrados y funcionarios.
Políticas públicas de acceso a la Justicia
Con el objeto de garantizar una justicia igualitaria, ampliando la accesibilidad a la resolución de conflictos y la defensa de sus derechos a todas las personas, es necesario contar con un plan que contenga programas de difusión de derechos y educación ciudadana, que descentralice las oficinas judiciales acercándolas a la gente, que amplíe por ejemplo su horario de atención al público, y que ponga en marcha métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación.
Modernización de la organización y gestión judicial
El Poder Judicial presta un servicio público esencial que debe ser brindado con calidad; para ello, es necesario modificar las antiguas estructuras judiciales e implementar un nuevo modelo de oficina judicial diseñado teniendo en cuenta las tareas que se realizan, la carga de trabajo y su conflictividad o complejidad a fin de modificar la forma de organizar el trabajo, es decir, la gestión judicial.
Justicia y seguridad: fortalecer la seguridad mediante una justicia rápida y eficaz.
Resulta imperioso que el Estado pueda ejercer una persecución penal eficaz de los delitos, respetando los derechos de las partes durante el proceso (imputado y víctima) y garantizando el derecho humano fundamental a la seguridad de toda la sociedad.
Para esto, es necesario agilizar el juzgamiento de los delitos y una aplicación rigurosa de las penas de manera rápida y efectiva a quien cometió el delito, destacando así el rol disuasivo de la Justicia a modo de prevención general.
Asimismo, es importante poder contar con una investigación penal eficaz que permita mejorar los resultados y llevar adelante una persecución penal estratégica que se ocupe de investigar las causas del delito, los casos complejos y las organizaciones delictivas. Para lograr esto, es necesario fortalecer al Ministerio Público Fiscal y dotarlo de una policía de investigaciones a su cargo.
Estamos convencidos de que la Justicia necesita cambios que mejoren su funcionamiento; pero la reforma judicial no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia. La reforma judicial continúa pendiente y resulta necesaria. El desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de los jueces a fin de que al momento de juzgar y dictar sentencia puedan resolver los conflictos de manera justa y defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.
@martincasares
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[1] Rizzo Jorge G. s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13).
Columna publicada en: La Ley Online 3 de julio de 2013.
miércoles, 19 de junio de 2013
Ideas para el debate y la reforma judicial
Estoy a favor de la reforma judicial, pero no de esta. La Justicia necesita cambios, pero no los que propone el Poder Ejecutivo.
Los proyectos impulsados por el gobierno no abordan las principales falencias de nuestro sistema judicial, no le solucionan los problemas a la gente, y la urgencia en su tratamiento aparece como injustificada.
Además, existe una clara contradicción entre el término “democratizar”, sus fundamentos y los proyectos presentados. Ya que mientras se sostiene que se pretende lograr una: Justicia moderna, ágil y transparente para todos, con mayor participación ciudadana, pluralidad, fácil acceso, igualdad; de los proyectos de ley presentados no surgen la normativa ni medidas necesarias para alcanzar esos objetivos.
Más aún, algunas de las iniciativas contradice de manera directa la democratización favoreciendo el avance del poder político partidario y la concentración del poder evitando el control y balance de poderes.
La transformación necesaria para mejorar el actual sistema de administración de justicia debe centrarse en resolver sus principales defectos y debilidades, haciendose cargo de: el acceso a la justicia, la mejora del funcionamiento del poder judicial, superar la sobrecarga de trabajo y agilizar los procesos para que los conflictos se resuelvan más rápido.
La falta de acceso a la justicia es el mayor problema de nuestro sistema judicial. Es prioritario ampliar su accesibilidad de manera igualitaria para todas las personas, y en especial para aquellos sectores de la población más desfavorecidos; para ello resulta necesario remover los obstáculos que impiden un acceso pleno, creando instancias y herramientas más accesibles y menos burocráticas para la gente común.
El Poder Judicial también requiere de reformas que lo adecuen a los estándares republicanos previstos en nuestra constitución nacional. Pero el criterio orientador de los cambios no debe ser la democratización, sino sus principios republicanos: igualdad ante la ley, división de poderes, independencia judicial, publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
La Justicia necesita cambios, y aún con la aprobación de los seis proyectos propuestos la reforma judicial continua pendiente. La reforma no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia y la razón de su existencia; el desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de sus magistrados para que a la hora de juzgar y resolver puedan defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.
@martincasares
Los proyectos impulsados por el gobierno no abordan las principales falencias de nuestro sistema judicial, no le solucionan los problemas a la gente, y la urgencia en su tratamiento aparece como injustificada.
Además, existe una clara contradicción entre el término “democratizar”, sus fundamentos y los proyectos presentados. Ya que mientras se sostiene que se pretende lograr una: Justicia moderna, ágil y transparente para todos, con mayor participación ciudadana, pluralidad, fácil acceso, igualdad; de los proyectos de ley presentados no surgen la normativa ni medidas necesarias para alcanzar esos objetivos.
Más aún, algunas de las iniciativas contradice de manera directa la democratización favoreciendo el avance del poder político partidario y la concentración del poder evitando el control y balance de poderes.
La transformación necesaria para mejorar el actual sistema de administración de justicia debe centrarse en resolver sus principales defectos y debilidades, haciendose cargo de: el acceso a la justicia, la mejora del funcionamiento del poder judicial, superar la sobrecarga de trabajo y agilizar los procesos para que los conflictos se resuelvan más rápido.
La falta de acceso a la justicia es el mayor problema de nuestro sistema judicial. Es prioritario ampliar su accesibilidad de manera igualitaria para todas las personas, y en especial para aquellos sectores de la población más desfavorecidos; para ello resulta necesario remover los obstáculos que impiden un acceso pleno, creando instancias y herramientas más accesibles y menos burocráticas para la gente común.
El Poder Judicial también requiere de reformas que lo adecuen a los estándares republicanos previstos en nuestra constitución nacional. Pero el criterio orientador de los cambios no debe ser la democratización, sino sus principios republicanos: igualdad ante la ley, división de poderes, independencia judicial, publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
La Justicia necesita cambios, y aún con la aprobación de los seis proyectos propuestos la reforma judicial continua pendiente. La reforma no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia y la razón de su existencia; el desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de sus magistrados para que a la hora de juzgar y resolver puedan defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.
@martincasares
lunes, 4 de febrero de 2013
Planificación y Políticas Públicas para el Poder Judicial
En los últimos años, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha comenzado a plantearse la necesidad de planificar y
delinear los contenidos del gobierno
judicial, mediante diferentes iniciativas como: la Conferencia Nacional de
Jueces, las Comisiones de trabajo sobre temas específicos, y la apertura del
año judicial entre otros.
En esa línea, sostiene Lorenzetti que
“es necesario discutir políticas de estado, basadas en consensos básicos que se
concentren en solucionar los temas de fondo, orientándolas a soluciones
concretas”. De este modo se pretende garantizar las políticas públicas perduren
en el tiempo atendiendo a los requerimientos de la sociedad.
Para ello, desde el año 2006 la Corte
Suprema convoca a todos los magistrados de los distintos fueros e instancias
del país a la “Conferencia Nacional de Jueces”, donde se debaten temas
relativos a la administración de justicia, y se aprueban por consenso los
proyectos y acciones futuras. Esto se hace de forma participativa, buscando que
las decisiones sean adoptadas de manera colectiva, para que las
soluciones tengan un mayor impacto debido al compromiso de los propios actores
judiciales que luego tendrán que implementarlas.
Identificados los problemas, y
aprobados los lineamientos generales de las políticas públicas, se organizan comisiones
nacionales sobre los diferentes temas para planificar las medidas para el
corto, mediano y largo plazo. Así fueron puestas en funcionamiento la Comisión
Nacional de Gestión Judicial, de Acceso a Justicia e Independencia Judicial;
construyendo de manera consensuada los contenidos del gobierno judicial;
definiendo prioridades en base a una amplia participación por parte de los
magistrados en los temas relativos a la gestión y reforma del Poder Judicial.
Recordemos que las Conferencias
Nacionales de Jueces provienen de la tradición norteamericana, donde desde hace
ya más de 150 años jueces de todos los Estados Unidos se reúnen anualmente a
definir los lineamientos de la política judicial nacional; incluso es en ese
ámbito donde surgen las reformas en materia procesal que luego se aplicaran a
los procedimientos judiciales.
En nuestro país reconocen como
antecedentes a la “Mesa Permanente de Justicia del Dialogo Argentino” que se
reunió durante los años 2002 a 2006, y el Convenio de “Cooperación Técnica para
la Reforma Judicial” suscripto entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y ARGENJUS, consorcio de reconocidas Organizaciones No Gubernamentales que
trabajan por el mejoramiento del Sistema de Justicia, del año 2004.
Y luego de la crisis del año 2001, por
iniciativa del Gobierno Nacional, la Iglesia Católica y con la asistencia del
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) se reunieron
diferentes instituciones, magistrados, funcionarios y empleados judiciales,
representantes de la sociedad civil, abogados, académicos y expertos a fin de
elaborar proyectos de mejora para el sistema de administración de justicia. Sin
duda estos espacios participativos de dialogo y construcción de consensos han
sido tenidos en cuenta por la Corte al organizar las Conferencias Nacionales de
jueces.
Así, en el año 2007 luego de la
Segunda Conferencia Nacional de Jueces, mediante la Acordada 37/07 se creó la
Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, presidida por un Miembro de la Corte
Suprema, la Dra. Highton de Nolasco, e integrada por jueces federales,
nacionales y provinciales. Su objetivo es: promover e incentivar el acceso a la
justicia a través de programas educativos y sugerencias de modificaciones
legislativas. Más tarde, como resultado del trabajo de dicha comisión, se creó
y puso en funcionamiento la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
La propia Corte Suprema se propone en
palabras de su presidente el Dr. Lorenzetti la “definición clara del rol del Poder Judicial en un Estado de
Derecho, capaz de fijar límites a los demás poderes, de proteger los
derechos de los ciudadanos y de brindar una gestión eficaz y eficiente.”
También desde el año 2008 la actual
integración de la Corte inicia el año judicial mediante un acto público abierto
de reflexión en el que se explica lo realizado y se exponen las metas y
objetivos para el año entrante. Allí el máximo tribunal del país explica y
justifica la gestión que terminó, rindiendo cuentas a la sociedad de lo hecho.
Y presenta los ejes centrales de la gestión que inicia, lo que supone una
planificación previa en la que se definieron objetivos y fijaron prioridades.
En esa línea la Corte plantea la necesidad
de la apertura y el dialogo en la definición de políticas de estado perdurables
en el tiempo; de pensar y discutir sobre los grandes temas que hacen al país,
de abordar la solución de los aquellos problemas que aquejan a la gente común,
dejando de lado las urgencias y conflictos políticos de la coyuntura.
En el último acto de apertura del año
judicial, el Presidente de la Corte Suprema abordo un enfoque distinto en
cuanto al modelo de administración de justicia existente; frente a un sistema
judicial que tradicionalmente les ha dado la espalda a los ciudadanos,
Lorenzetti propone la necesidad de una Justicia más cercana.
Eso implica una transformación
profunda, un cambio de paradigma que ponga al individuo como centro, y a los magistrados y funcionarios judiciales
como servidores públicos. Para esto, el Presidente de la Corte Suprema
llama a todos los poderes judiciales del país a mirar a la sociedad y enfocar
sus recursos y esfuerzos en brindar un servicio público esencial e igualitario
para todos; en resolverle los problemas a la gente.
De esta breve reseña de iniciativas
se desprende de forma clara un cambio en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que comienza a hacerse cargo de las responsabilidades del gobierno
judicial, asumiendo un activo rol de liderazgo del Poder Judicial.
En este caso, el cambio supone tomar
la iniciativa en la formulación de políticas de estado consensuadas que se
mantengan en el tiempo y obtengan resultados perdurables; y los desafíos implementar los proyectos de
mejora para hacer efectivas esas políticas de públicas.
@MartinCasares
viernes, 11 de enero de 2013
Información & Justicia - “Estadísticas para la formulación de políticas públicas y la gestión judicial”
Por Alejandra González Rodríguez
Las políticas públicas resultan
adecuadas en la medida en que aborden y superen los desafíos para las situaciones
que fueron pensadas y diseñadas, produciendo los cambios previamente definidos;
para esto resulta decisivo que se asienten en información dura y confiable.
De allí la importancia de contar con la
información judicial que surja de las propias instituciones del sistema de
administración de justicia para realizar estudios que analicen las estadísticas,
indicadores de gestión y otros datos útiles para la formulación de diagnósticos
que reflejen la realidad de la situación de los tribunales de nuestro país.
Esta información objetiva debe ser
utilizada para la toma de decisiones del gobierno judicial; es decir debe ser
tenida en cuenta a la hora de decidir tanto la cantidad necesaria de juzgados,
fiscalías y defensorías en una jurisdicción específica, como para definir la
integración de cada oficina judicial en cuanto al diseño de su estructura
interna. En definitiva, la información judicial resulta útil para la asignación
de los recursos necesarios en el cumplimiento de objetivos prestablecidos, como
puede ser la eficaz prestación del servicio de justicia.
Tradicionalmente en el Poder Judicial no
se ha analizado ni estudiado el contenido de la información judicial teniendo
en miras su uso para la toma de decisiones que hacen al gobierno judicial; esto se debe en parte al
desconocimiento acerca de su utilidad, pero también a defectos o deficiencias
de la propia información que producían y relevaban las estadísticas judiciales
oficiales.
Sin embargo, hace ya algunos años que
contamos con mayor cantidad de información e indicadores útiles para la gestión
del sistema judicial; pero se debe destacar que ya no alcanza con saber sólo cuantas
causas ingresan a los tribunales y cuantas se resuelven. Es necesario contar
con información sobre las diferentes formas de resolución de los casos, los
tiempos en que se toman las distintas decisiones durante el proceso, que se
hace en cada periodo de tiempo y si existen tiempos o demoras en las que no se
realizan tramites que agreguen valor al
expediente, etc.
Asimismo, las estadísticas e indicadores
judiciales resultan útiles para ser tenidos en cuenta en el diseño del presupuesto
judicial a fin de asignar recursos en forma adecuada a los objetivos del Poder
Judicial. Esto permite un mejor aprovechamiento de recursos siempre escasos,
intentando que las erogaciones sean eficaces en términos del cumplimiento de
objetivos y eficientes en cuento a la administración de esos recursos.
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