Los sistemas acusatorios plantean un nuevo escenario al Ministerio Público Fiscal; en estos sistemas procesales cambia el rol de los fiscales a quienes el código procesal les asigna un mayor protagonismo con nuevas obligaciones y responsabilidades.
El gran desafío para el Ministerio Público Fiscal será conseguir una mayor eficacia en la persecución penal resguardando los derechos y garantías individuales. Es decir, cómo lograr que los fiscales sean más eficientes en la persecución de los delitos, mejorando los resultados obtenidos; y de este modo hacer un aporte en términos de seguridad ciudadana.
Este nuevo rol, implica que el fiscal lleve adelante la investigación a lo largo de todo el proceso penal; asignándole las funciones de: investigar, plantear una persecución inteligente de los delitos, litigar en juicio y asistir a la víctima. Y la mayor dificultad será cumplir con las funciones mencionadas, haciéndose cargo de la gran cantidad de trabajo que ya pesa sobre las fiscalías.
Está claro, que con fiscalías tal como las conocemos, no hay forma de poder llevar adelante todo esto; y que además tenemos que pensar que estas tareas no pueden ser desempeñadas por cada fiscal individual. Sino que será necesario contar con una policía de investigaciones que, dirigida por los fiscales, realice las tareas de investigación; con áreas específicas de asistencia a la víctima; y otras que se ocupen de la planificación estratégica y la formulación de la política criminal. Todas estas áreas con personal multidisciplinario e idóneo con un perfil bien distinto al de los fiscales.
Así, para poder hacer frente a este nuevo escenario, será preciso contar con una organización de la oficina judicial distinta; que deje atrás el modelo tradicional que copia a los juzgados de instrucción, como también pensar criterios de gestión judicial específicos y adecuados a las nuevas tareas que debe desempeñar el Ministerio Público Fiscal.
De este modo, el diseño organizacional debe estar guiado por el rol del fiscal e incluir mejoras en la gestión de las fiscalías para cumplir con las nuevas funciones y conseguir sus objetivos estratégicos.
Para ello, resulta importante que las reformas en materia procesal penal no se limiten a solamente a sustituir los códigos existentes. Resulta imprescindible que se avance en la transformación de la organización y gestión judicial, que se implementen los cambios de manera planificada y ordenada, con una fuerte capacitación e inversión en infraestructura y tecnología.
También es sustancial, tener claro que no existe un único “nuevo modelo de fiscalía ideal”; sino algunos lineamientos generales, que acompañados de las herramientas que ha desarrollado la gestión pública, permitirán una reforma apropiada y específica para las fiscalías penales de cada jurisdicción.
Un diseño innovador que, partiendo del nuevo rol de los fiscales, y teniendo en cuenta la carga de trabajo, la conflictividad, el tipo de delito y particularidades de cada zona, permita hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con sus objetivos estratégicos, para que los fiscales puedan representar y defender los intereses de la sociedad de la mejor manera posible.
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