En esa línea, sostiene Lorenzetti que
“es necesario discutir políticas de estado, basadas en consensos básicos que se
concentren en solucionar los temas de fondo, orientándolas a soluciones
concretas”. De este modo se pretende garantizar las políticas públicas perduren
en el tiempo atendiendo a los requerimientos de la sociedad.
Para ello, desde el año 2006 la Corte
Suprema convoca a todos los magistrados de los distintos fueros e instancias
del país a la “Conferencia Nacional de Jueces”, donde se debaten temas
relativos a la administración de justicia, y se aprueban por consenso los
proyectos y acciones futuras. Esto se hace de forma participativa, buscando que
las decisiones sean adoptadas de manera colectiva, para que las
soluciones tengan un mayor impacto debido al compromiso de los propios actores
judiciales que luego tendrán que implementarlas.
Identificados los problemas, y
aprobados los lineamientos generales de las políticas públicas, se organizan comisiones
nacionales sobre los diferentes temas para planificar las medidas para el
corto, mediano y largo plazo. Así fueron puestas en funcionamiento la Comisión
Nacional de Gestión Judicial, de Acceso a Justicia e Independencia Judicial;
construyendo de manera consensuada los contenidos del gobierno judicial;
definiendo prioridades en base a una amplia participación por parte de los
magistrados en los temas relativos a la gestión y reforma del Poder Judicial.
Recordemos que las Conferencias
Nacionales de Jueces provienen de la tradición norteamericana, donde desde hace
ya más de 150 años jueces de todos los Estados Unidos se reúnen anualmente a
definir los lineamientos de la política judicial nacional; incluso es en ese
ámbito donde surgen las reformas en materia procesal que luego se aplicaran a
los procedimientos judiciales.
En nuestro país reconocen como
antecedentes a la “Mesa Permanente de Justicia del Dialogo Argentino” que se
reunió durante los años 2002 a 2006, y el Convenio de “Cooperación Técnica para
la Reforma Judicial” suscripto entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y ARGENJUS, consorcio de reconocidas Organizaciones No Gubernamentales que
trabajan por el mejoramiento del Sistema de Justicia, del año 2004.
Y luego de la crisis del año 2001, por
iniciativa del Gobierno Nacional, la Iglesia Católica y con la asistencia del
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) se reunieron
diferentes instituciones, magistrados, funcionarios y empleados judiciales,
representantes de la sociedad civil, abogados, académicos y expertos a fin de
elaborar proyectos de mejora para el sistema de administración de justicia. Sin
duda estos espacios participativos de dialogo y construcción de consensos han
sido tenidos en cuenta por la Corte al organizar las Conferencias Nacionales de
jueces.
Así, en el año 2007 luego de la
Segunda Conferencia Nacional de Jueces, mediante la Acordada 37/07 se creó la
Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, presidida por un Miembro de la Corte
Suprema, la Dra. Highton de Nolasco, e integrada por jueces federales,
nacionales y provinciales. Su objetivo es: promover e incentivar el acceso a la
justicia a través de programas educativos y sugerencias de modificaciones
legislativas. Más tarde, como resultado del trabajo de dicha comisión, se creó
y puso en funcionamiento la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
La propia Corte Suprema se propone en
palabras de su presidente el Dr. Lorenzetti la “definición clara del rol del Poder Judicial en un Estado de
Derecho, capaz de fijar límites a los demás poderes, de proteger los
derechos de los ciudadanos y de brindar una gestión eficaz y eficiente.”
También desde el año 2008 la actual
integración de la Corte inicia el año judicial mediante un acto público abierto
de reflexión en el que se explica lo realizado y se exponen las metas y
objetivos para el año entrante. Allí el máximo tribunal del país explica y
justifica la gestión que terminó, rindiendo cuentas a la sociedad de lo hecho.
Y presenta los ejes centrales de la gestión que inicia, lo que supone una
planificación previa en la que se definieron objetivos y fijaron prioridades.
En esa línea la Corte plantea la necesidad
de la apertura y el dialogo en la definición de políticas de estado perdurables
en el tiempo; de pensar y discutir sobre los grandes temas que hacen al país,
de abordar la solución de los aquellos problemas que aquejan a la gente común,
dejando de lado las urgencias y conflictos políticos de la coyuntura.
En el último acto de apertura del año
judicial, el Presidente de la Corte Suprema abordo un enfoque distinto en
cuanto al modelo de administración de justicia existente; frente a un sistema
judicial que tradicionalmente les ha dado la espalda a los ciudadanos,
Lorenzetti propone la necesidad de una Justicia más cercana.
Eso implica una transformación
profunda, un cambio de paradigma que ponga al individuo como centro, y a los magistrados y funcionarios judiciales
como servidores públicos. Para esto, el Presidente de la Corte Suprema
llama a todos los poderes judiciales del país a mirar a la sociedad y enfocar
sus recursos y esfuerzos en brindar un servicio público esencial e igualitario
para todos; en resolverle los problemas a la gente.
De esta breve reseña de iniciativas
se desprende de forma clara un cambio en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que comienza a hacerse cargo de las responsabilidades del gobierno
judicial, asumiendo un activo rol de liderazgo del Poder Judicial.
En este caso, el cambio supone tomar
la iniciativa en la formulación de políticas de estado consensuadas que se
mantengan en el tiempo y obtengan resultados perdurables; y los desafíos implementar los proyectos de
mejora para hacer efectivas esas políticas de públicas.
@MartinCasares
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