miércoles, 20 de noviembre de 2013

Cárceles y reinserción.

En Argentina, el 32 % de los detenidos condenados vuelve a la cárcel. El dato oficial surge del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena, y es el resultado de la suma de los detenidos reiterantes, más los reincidentes y los reincidentes múltiples.

Si bien este porcentaje de reingreso es alto, es posible que sea aún mayor ya que se debe tener en cuenta que al calcularlo sólo se toma a los condenados sin tener en cuenta a los procesados (sin condena firme) que ascienden al 51% del total de la población en cárceles.

Reafirma esto, la existencia de informes no oficiales que mencionan una tasa de reingreso de entre el 40 % y el 55 %. Y suponiendo que este índice sea del 50 %, esto implica que 5 de cada 10 detenidos vuelven a cometer delitos luego de salir de la cárcel. Es decir, que de los 60.789 reclusos actualmente detenidos, más de 30 mil volverán a ingresar al sistema penitenciario.

Es por ello que entiendo que al planificar la política criminal se debe tener especialmente en cuenta la situación carcelaria, el rol del sistema penitenciario y sus resultados; ya que si la etapa de ejecución de la pena no cumple con su objetivo principal de lograr la reinserción social del detenido, no hay forma de mejorar el panorama de inseguridad que se vive en el país.

Así las cosas, creo que cabe preguntarnos cuales deberían ser los ejes para conseguir una efectiva reinserción social de aquellas personas que egresan de la cárcel; y en este sentido existe consenso entre la mayoría de los especialistas en la importancia de desarrollar programas de: educación, trabajo y deporte dentro de la cárcel.

De hecho, abordando el primer eje relativo a educación, también se estaría avanzando en una deuda social en materia de nivel de instrucción, ya que según datos oficiales el 44 % de los internos no han terminado sus estudios: el 28 % posee el primario incompleto y el 16 % adeuda finalizar el secundario.

Y en cuanto al trabajo, también surge que al momento de ingreso el 40 % de los imputados se encontraban desocupados, mientras que el 35 % solo poseía trabajo de tiempo parcial; es decir que el 75 % de los ingresantes no tenían trabajo de tiempo completo. Por último, con relación a su capacitación laboral el 43 % de la población total no posee oficio ni profesión.

En consecuencia, resulta importante que dentro de las cárceles se establezcan programas que tengan como finalidad ayudar a los internos a terminar su educación primaria y secundaria; como también aumentar la enseñanza de artes y oficios acordes con las demandas laborales reales del medio en el que se tendrá que reinsertar el interno.

Para ello, se necesita un plan que posea objetivos a corto, mediano y largo plazo a cargo de un funcionario responsable, que presente anualmente un informe da rendición de cuentas sobre la eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos preestablecidos, con sus avances concretos, las dificultades y haciendo saber la forma en que se han administrado los recursos públicos en términos de eficiencia del gasto.

La política penitenciaria se encuentra dentro de un marco más amplio que es el de la política criminal, y en el logro de su objetivo resocializador debe cumplir con los valores constitucionales y respetar los derechos humanos; sólo así podrá hacer su aporte para superar la delicada situación de inseguridad.


Publicado previamente en Suplemento Judicial del BAE.

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