LOS FISCALES Y SU NUEVO ROL

Los sistemas acusatorios plantean un nuevo escenario al Ministerio Público Fiscal; en estos sistemas procesales cambia el rol de los fiscales a quienes el código procesal les asigna un mayor protagonismo con nuevas obligaciones y responsabilidades.

El gran desafío para el Ministerio Público Fiscal será conseguir una mayor eficacia en la persecución penal resguardando los derechos y garantías individuales. Es decir, cómo lograr que los fiscales sean más eficientes en la persecución de los delitos, mejorando los resultados obtenidos; y de este modo hacer un aporte en términos de seguridad ciudadana.

Este nuevo rol, implica que el fiscal lleve adelante la investigación a lo largo de todo el proceso penal; asignándole las funciones de: investigar, plantear una persecución inteligente de los delitos, litigar en juicio y asistir a la víctima. Y la mayor dificultad será cumplir con las funciones mencionadas, haciéndose cargo de la gran cantidad de trabajo que ya pesa sobre las fiscalías.

Está claro, que con fiscalías tal como las conocemos, no hay forma de poder llevar adelante todo esto; y que además tenemos que pensar que estas tareas no pueden ser desempeñadas por cada fiscal individual. Sino que será necesario contar con una policía de investigaciones que, dirigida por los fiscales, realice las tareas de investigación; con áreas específicas de asistencia a la víctima; y otras que se ocupen de la planificación estratégica y la formulación de la política criminal. Todas estas áreas con personal multidisciplinario e idóneo con un perfil bien distinto al de los fiscales.

Así, para poder hacer frente a este nuevo escenario, será preciso contar con una organización de la oficina judicial distinta; que deje atrás el modelo tradicional que copia a los juzgados de instrucción, como también pensar criterios de gestión judicial específicos y adecuados a las nuevas tareas que debe desempeñar el Ministerio Público Fiscal.

De este modo, el diseño organizacional debe estar guiado por el rol del fiscal e incluir mejoras en la gestión de las fiscalías para cumplir con las nuevas funciones y conseguir sus objetivos estratégicos.

Para ello, resulta importante que las reformas en materia procesal penal no se limiten a solamente a sustituir los códigos existentes. Resulta imprescindible que se avance en la transformación de la organización y gestión judicial, que se implementen los cambios de manera planificada y ordenada, con una fuerte capacitación e inversión en infraestructura y tecnología.

También es sustancial, tener claro que no existe un único “nuevo modelo de fiscalía ideal”; sino algunos lineamientos generales, que acompañados de las herramientas que ha desarrollado la gestión pública, permitirán una reforma apropiada y específica para las fiscalías penales de cada jurisdicción.

Un diseño innovador que, partiendo del nuevo rol de los fiscales, y teniendo en cuenta la carga de trabajo, la conflictividad, el tipo de delito y particularidades de cada zona, permita hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con sus objetivos estratégicos, para que los fiscales puedan representar y defender los intereses de la sociedad de la mejor manera posible.

La organización y las estructuras judiciales.

De la misma manera que la gestión del personal no se adecuó a los tiempos que corren; los tribunales continúan organizados y trabajando prácticamente de la misma manera que hace 150 años. Las estructuras organizativas de los juzgados y tribunales siguen siendo prácticamente iguales sin distinguir su competencia, fuero, instancia o carga de trabajo.

La importancia de la reforma organizacional también impacta en la gestión de las personas, ya que para que ellas puedan cambiar su mentalidad y modificar la forma en que hacen las cosas a diario, es imprescindible su rediseño. Esto se debe a que la organización actúa como la matriz básica de tipo cultural que cobija todas las interacciones personales dentro del sistema judicial. Por lo tanto, sin cambios en las estructuras judiciales resulta bastante difícil que los programas de RRHH den los resultados esperados.

Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.

Este nuevo modelo debe estructurarse en base a las tareas que la organización debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.

En consecuencia, si bien la modernización de las políticas públicas de gestión del empleo y los recursos humanos constituye un eje importante de las reformas de la gestión pública, primero se deben analizar y modificar las estructuras judiciales ya que el diseño organizacional de las instituciones limita de manera decisiva su impacto.