Los sistemas acusatorios plantean un nuevo escenario al Ministerio Público Fiscal; en estos sistemas procesales cambia el rol de los fiscales a quienes el código procesal les asigna un mayor protagonismo con nuevas obligaciones y responsabilidades.
El gran desafío para el Ministerio Público Fiscal será conseguir una mayor eficacia en la persecución penal resguardando los derechos y garantías individuales. Es decir, cómo lograr que los fiscales sean más eficientes en la persecución de los delitos, mejorando los resultados obtenidos; y de este modo hacer un aporte en términos de seguridad ciudadana.
Este nuevo rol, implica que el fiscal lleve adelante la investigación a lo largo de todo el proceso penal; asignándole las funciones de: investigar, plantear una persecución inteligente de los delitos, litigar en juicio y asistir a la víctima. Y la mayor dificultad será cumplir con las funciones mencionadas, haciéndose cargo de la gran cantidad de trabajo que ya pesa sobre las fiscalías.
Está claro, que con fiscalías tal como las conocemos, no hay forma de poder llevar adelante todo esto; y que además tenemos que pensar que estas tareas no pueden ser desempeñadas por cada fiscal individual. Sino que será necesario contar con una policía de investigaciones que, dirigida por los fiscales, realice las tareas de investigación; con áreas específicas de asistencia a la víctima; y otras que se ocupen de la planificación estratégica y la formulación de la política criminal. Todas estas áreas con personal multidisciplinario e idóneo con un perfil bien distinto al de los fiscales.
Así, para poder hacer frente a este nuevo escenario, será preciso contar con una organización de la oficina judicial distinta; que deje atrás el modelo tradicional que copia a los juzgados de instrucción, como también pensar criterios de gestión judicial específicos y adecuados a las nuevas tareas que debe desempeñar el Ministerio Público Fiscal.
De este modo, el diseño organizacional debe estar guiado por el rol del fiscal e incluir mejoras en la gestión de las fiscalías para cumplir con las nuevas funciones y conseguir sus objetivos estratégicos.
Para ello, resulta importante que las reformas en materia procesal penal no se limiten a solamente a sustituir los códigos existentes. Resulta imprescindible que se avance en la transformación de la organización y gestión judicial, que se implementen los cambios de manera planificada y ordenada, con una fuerte capacitación e inversión en infraestructura y tecnología.
También es sustancial, tener claro que no existe un único “nuevo modelo de fiscalía ideal”; sino algunos lineamientos generales, que acompañados de las herramientas que ha desarrollado la gestión pública, permitirán una reforma apropiada y específica para las fiscalías penales de cada jurisdicción.
Un diseño innovador que, partiendo del nuevo rol de los fiscales, y teniendo en cuenta la carga de trabajo, la conflictividad, el tipo de delito y particularidades de cada zona, permita hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con sus objetivos estratégicos, para que los fiscales puedan representar y defender los intereses de la sociedad de la mejor manera posible.
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martes, 8 de octubre de 2013
lunes, 23 de julio de 2012
El Ministerio Público Fiscal y la Reforma
"Desafíos y Perspectivas del Ministerio Público Fiscal frente al escenario de cambio de paradigma procesal hacia un proceso acusatorio
El presente trabajo analizará la situación del Ministerio Público Fiscal frente a los desafíos que plantea el nuevo sistema acusatorio.
A dicho fin, se realizará un breve diagnóstico de su situación describiendo brevemente sus fortalezas y debilidades para postular algunos lineamientos generales de acción y propuestas concretas tendientes a mejorar la organización y gestión de las fiscalías penales.
El objeto de estudio girará en torno a: el manejo del flujo de casos, el diseño organizacional y la gestión de las fiscalías penales intentando describir los problemas existentes a efectos de esbozar algunas propuestas tendientes a que el Ministerio Público Fiscal sea capaz de manejar el flujo de denuncias que recibe y de esta manera poder aumentar la calidad de respuesta en los casos que decida perseguir penalmente.
El presente trabajo analizará la situación del Ministerio Público Fiscal frente a los desafíos que plantea el nuevo sistema acusatorio.
A dicho fin, se realizará un breve diagnóstico de su situación describiendo brevemente sus fortalezas y debilidades para postular algunos lineamientos generales de acción y propuestas concretas tendientes a mejorar la organización y gestión de las fiscalías penales.
El objeto de estudio girará en torno a: el manejo del flujo de casos, el diseño organizacional y la gestión de las fiscalías penales intentando describir los problemas existentes a efectos de esbozar algunas propuestas tendientes a que el Ministerio Público Fiscal sea capaz de manejar el flujo de denuncias que recibe y de esta manera poder aumentar la calidad de respuesta en los casos que decida perseguir penalmente.
Estimo que el tema a abordar es de suma importancia ya que el Ministerio
Público Fiscal es el principal actor de la reforma debido a que pasa a tener un
rol decisivo en la implementación y éxito de la misma.
Ponencia presentada en las “XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos” organizadas conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría Oficial y el Ministerio Público Tutelar el 27 y 28 de agosto de 2009, en la Facultad de Derecho de la UBA.
@martincasares
miércoles, 14 de marzo de 2012
Hacia una agenda de gobierno judicial
El martes pasado en el acto de apertura del año judicial el doctor Lorenzetti pronunció un discurso que en mi opinión será memorable para el Poder Judicial de todo el país.
Desde el año 2008 la actual integración de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación viene iniciando el año judicial mediante un espacio público abierto de reflexión en el que se explica lo realizado, y se exponen las metas y objetivos para el año entrante.
Y es exactamente allí donde radica la novedad que creo merece ser destacada; en este acto el Máximo Tribunal del país explica y justifica la gestión pasada, rindiendo cuentas a la sociedad de lo hecho. Y presenta los ejes centrales de la gestión que inicia, lo que supone una planificación previa en la que se definieron objetivos y fijaron prioridades.
En esa línea la Corte Suprema plantea la necesidad de la apertura y el dialogo en la definición de políticas de estado perdurables en el tiempo; de pensar y discutir sobre los grandes temas que hacen al país, de abordar la solución de los aquellos problemas que aquejan a la gente común, dejando de lado las urgencias y conflictos políticos de la coyuntura.
Con ese objetivo, es que la Corte convoca desde hace cinco años a todos los magistrados del país a participar y debatir en las Conferencias Nacionales de Jueces, donde se analiza y define la política judicial en temas centrales como: acceso a justicia, comunicación con la sociedad, informatización y gestión judicial.
Estos temas son clave para, por un lado, poder ampliar el acceso justicia para que llegue a todos los sectores de la sociedad - en especial a aquellos con menos recursos- y por el otro, mejorar la calidad del servicio que se brinda. En síntesis, acercar la justicia dando una solución más rápida a los conflictos de la gente.
Es por ello que, quizás el aspecto más importante de todo el discurso, haya sido el planteo de un enfoque distinto en cuanto al modelo de administración de justicia existente. Frente a un sistema judicial que tradicionalmente le ha dado la espalda a los ciudadanos, Lorenzetti propone la necesidad de una Justicia más cercana.
Eso implica una transformación profunda, un cambio de paradigma que ponga al individuo como centro del sistema judicial, y a los magistrados y funcionarios judiciales como servidores públicos.
Para esto, el Presidente de la Corte Suprema llama a todos los poderes judiciales del país a mirar a la sociedad y enfocar sus recursos y esfuerzos en brindar un servicio público esencial e igualitario para todos; en resolverle los problemas a la gente.
En consecuencia, en mi opinión, luego de leer o escuchar el discurso de Lorenzetti no cabe duda de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha modificado su actitud y está dispuesta a hacerse cargo del Gobierno del Poder Judicial. Es por ello que celebro la actitud y liderazgo de la Corte en cabeza de su Presidente esperando se replique en todos los poderes judiciales del país.
Ya hace tiempo que los diagnósticos elaborados por los expertos, académicos y el tercer sector son coincidentes y volver sobre ellos resulta redundante, ya es hora de que el Poder Judicial recoja la crítica y se haga cargo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado su voluntad política hacia un cambio paradigma, basado en los principios contenidos en nuestra Constitución, fijando una dirección clara y una agenda concreta de temas y objetivos.
Comienza una nueva etapa en la que los próximos desafíos pasarán por poder llevar adelante la agenda presentada de manera exitosa haciendo realidad las políticas enunciadas de manera efectiva y eficiente.
Será entonces cuando la Justicia le vuelva a dar la cara al ciudadano y se reconcilie con la sociedad.
@martincasares
Columna publicada el 14/03/12 en el Suplemento Judicial del BAE
http://www.diariobae.com/diario/2012/03/14/9366-hacia-una-agenda-de-gobierno-judicial.html
Columna publicada el 14/03/12 en el Suplemento Judicial del BAE
http://www.diariobae.com/diario/2012/03/14/9366-hacia-una-agenda-de-gobierno-judicial.html
miércoles, 26 de octubre de 2011
¿Cómo modernizar la Justicia?
Tradicionalmente, el Poder Judicial se ve a sí mismo sólo como un Poder del Estado –concepción de Justicia-Poder– olvidándose de que, además, posee una dimensión de servicio que es, por su parte, público y esencial para el desarrollo de la vida en sociedad.
Esta concepción de Justicia-Poder implica que su independencia funcional –esto es, en el ejercicio de su rol jurisdiccional, en las decisiones sobre los casos particulares– se extienda a las decisiones sobre el diseño de sus estructuras, los procesos de trabajo, la selección de personal y la forma de administrar sus recursos. Así, un cuestionamiento sobre estos temas suele interpretarse como una vulneración de la independencia institucional, como si se pusiera en riesgo su rol como Poder del Estado.
Asimismo, tampoco hay una noción clara sobre el concepto de gobierno judicial y sus alcances. En general, las cámaras de apelaciones ejercen la administración de los fueros, pero centrándose en aquellos temas imprescindibles para el funcionamiento del aparato judicial: pago de salarios, licencias, etcétera; esto es, aspectos vinculados con lo que se conoce como sus facultades de superintendencia. En definitiva, se confunde la noción de “gobierno judicial” con la de administración de recursos humanos, tarea que, por su parte, suele hacerse en forma amateur.
En la actualidad, aun con ciertos avances en estos temas, el Poder Judicial continúa administrándose de esta forma sin áreas especializadas ni manejo profesional de sus recursos ya que, tanto a nivel macro (administración) como micro (tribunales) estas áreas quedan a cargo de abogados y no de especialistas en la materia.
Para modificar esta situación, se requiere que los responsables de los máximos organismos del Poder Judicial tomen conciencia de la importancia de su rol ejerciendo, con liderazgo, el gobierno judicial de manera efectiva haciéndose cargo tanto de la administración como de llevar adelante políticas públicas judiciales. En definitiva, se requiere de compromisos e impulsos desde los más altos niveles de decisión que, si bien se encuentran incipientes, todavía resta mucho por hacer.
Por estos motivos es que, mientras los restantes poderes del Estado han avanzado en procesos de modernización, nuestro sistema de administración de justicia continúa trabajando de la misma manera que cuando fue instaurado, debido a que se han producido muy escasas modificaciones en sus estructuras y modos de trabajar, siempre vinculados a las normas procesales.
Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.
Agrava esta situación el hecho de que en las últimas dos décadas hubo un notable incremento de la carga de trabajo y conflictividad que recibe el Poder Judicial; es decir, la demanda crece y la complejidad de los asuntos se acentúa mientras se continúa trabajando con procedimientos de hace dos siglos.
En consecuencia, este escenario produce insatisfacción y desconfianza en la sociedad. Según surge del “Índice de Confianza en la Justicia” realizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia –Fores– y la Universidad Di Tella, seis de cada diez argentinos piensa que la Justicia no resulta confiable en términos de honestidad, trato igualitario y eficiencia. Además, este mismo relevamiento, muestra que un 30% no acudiría a la Justicia para resolver sus conflictos.
¿Qué es modernizar el sistema de administración de justicia?
En primer lugar esta modernización no es, solamente, sustituir las antiguas máquinas de escribir por computadoras en las que, en términos generales, se utiliza el procesador de texto. Ello no modifica de manera sustancial la forma de trabajar. Mucho menos escanear documentos como argumento para ir hacia la “digitalización de expedientes”. Éstas son sólo medidas acotadas, necesarias, pero definitivamente no suficientes.
En segundo lugar, tampoco resulta adecuado hablar de “modernización judicial” al referirse a la implementación de procesos de “calidad total” que, partiendo de la necesidad de reformar la administración de justicia, estandarizan las tareas certificando procesos de trabajo dentro del mismo paradigma organizacional, aun cuando, para ser justos, introducen la noción de la “calidad” y generan algunas mejoras menores en la medida en que obligan al personal a reflexionar sobre su accionar.
Todos estos casos son reformas parciales de gestión, que no modifican de manera sustantiva la organización y las formas de trabajo del Poder Judicial; y, al no hacerlo, se corre el riesgo de que la “cultura judicial” termine readaptando las mejoras desvirtuando las reformas intentadas. Es el cambio para que finalmente nada cambie.
Entonces, ¿qué es modernizar la Justicia? Para poder hablar de una profunda modernización de la Justicia, resulta conveniente sustituir por completo el antiguo “paradigma de gestión judicial” por otro totalmente distinto.
Un paradigma que piense a la Justicia como una institución que, al mismo tiempo, que cumple su rol institucional, brinda un servicio público esencial como es la resolución de los conflictos en una comunidad. Este nuevo modelo debe estructurarse sobre la base de las tareas que debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.
En esta línea, las nuevas corrientes en gestión pública conciben a la “administración” como servicio orientado al habitante; en consecuencia, al delinear el próximo sistema de administración de justicia debe pensarse en estos términos, en un diseño tendiente a resolver los conflictos de la gente garantizando el efectivo cumplimiento igualitario de las leyes. Es por ello que, siguiendo al profesor Chayer, es posible afirmar que el Poder Judicial debe brindar un servicio de calidad “… que, en la gestión pública, se mide en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas, alineadas con los fines y propósitos superiores del Poder Judicial”.
En otras palabras, reafirmar su rol institucional –independencia judicial–, pero reformulando su flujo y procesos de trabajo, es decir, rediseñando sus dimensiones organizacionales y de gestión.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estas reformas deben extender el proceso democratizador del Estado, modificando tanto la forma en que se relaciona con la sociedad como también con sus propios integrantes. En este sentido, cabe destacar que, en la actualidad, el Poder Judicial no se muestra transparente en cuanto al ejercicio de su poder jurisdiccional –ya que no hay audiencias públicas y, en caso de producirse, no son publicitadas de modo efectivo– ni en la administración de sus recursos y la ejecución de su presupuesto.
Asimismo, resulta fundamental idear mecanismos de rendición de cuentas adecuados, para que sean los destinatarios quienes evalúen los servicios que se prestan y el gasto efectivo de los recursos. Estas iniciativas tienden a proponer una ampliación de la participación ciudadana para que cualquiera pueda informarse e interiorizarse sobre la forma en que trabaja y maneja sus recursos el Poder Judicial; en definitiva, para que la gente acceda a la rendición de cuentas de este poder del Estado.
Es por ello que, efectividad, eficiencia, transparencia y democratización mediante, el rediseño organizacional de sus estructuras es alguna de las claves de la modernización de nuestro aparato de administración de justicia.
REFORMA JUDICIAL
A continuación se describen algunas ideas, lineamientos y propuestas para el debate sobre la reforma judicial, desde la perspectiva de las políticas públicas.
Un primer aspecto es que las reformas tiendan a que el sistema de administración de justicia brinde un servicio público de calidad orientado a las personas, obteniendo mejores resultados en sus procesos de trabajo (celeridad) como también en sus decisiones jurisdiccionales (sentencias), lo cual redundará en una mayor satisfacción de la gente.
Para esto se requiere redefinir sus modos de trabajar para luego, sobre la base de ellos, realizar un rediseño organizacional de sus estructuras que permita una mejor manera de tomar las decisiones y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados de manera efectiva.
En esa línea, es adecuado retomar el tema de la reforma judicial y la modernización de la Justicia desde el enfoque de las políticas públicas, nutriéndose de los conocimientos y herramientas desarrollados por la gestión pública, pero teniendo en cuenta sus particularidades y sin afectar su independencia.
La reforma judicial es parte de un proceso de modernización más general del Estado en su conjunto; es, para decirlo en otros términos, un capítulo dentro de una profunda reforma del Estado que aún hoy nos debemos.
El análisis de Martín Casares, especialista en gestión judicial; investigador del FORES
http://www.diariobae.com/diario/2011/10/26/3135-como-modernizar-la-justicia.html
@martincasares
Esta concepción de Justicia-Poder implica que su independencia funcional –esto es, en el ejercicio de su rol jurisdiccional, en las decisiones sobre los casos particulares– se extienda a las decisiones sobre el diseño de sus estructuras, los procesos de trabajo, la selección de personal y la forma de administrar sus recursos. Así, un cuestionamiento sobre estos temas suele interpretarse como una vulneración de la independencia institucional, como si se pusiera en riesgo su rol como Poder del Estado.
Asimismo, tampoco hay una noción clara sobre el concepto de gobierno judicial y sus alcances. En general, las cámaras de apelaciones ejercen la administración de los fueros, pero centrándose en aquellos temas imprescindibles para el funcionamiento del aparato judicial: pago de salarios, licencias, etcétera; esto es, aspectos vinculados con lo que se conoce como sus facultades de superintendencia. En definitiva, se confunde la noción de “gobierno judicial” con la de administración de recursos humanos, tarea que, por su parte, suele hacerse en forma amateur.
En la actualidad, aun con ciertos avances en estos temas, el Poder Judicial continúa administrándose de esta forma sin áreas especializadas ni manejo profesional de sus recursos ya que, tanto a nivel macro (administración) como micro (tribunales) estas áreas quedan a cargo de abogados y no de especialistas en la materia.
Para modificar esta situación, se requiere que los responsables de los máximos organismos del Poder Judicial tomen conciencia de la importancia de su rol ejerciendo, con liderazgo, el gobierno judicial de manera efectiva haciéndose cargo tanto de la administración como de llevar adelante políticas públicas judiciales. En definitiva, se requiere de compromisos e impulsos desde los más altos niveles de decisión que, si bien se encuentran incipientes, todavía resta mucho por hacer.
Por estos motivos es que, mientras los restantes poderes del Estado han avanzado en procesos de modernización, nuestro sistema de administración de justicia continúa trabajando de la misma manera que cuando fue instaurado, debido a que se han producido muy escasas modificaciones en sus estructuras y modos de trabajar, siempre vinculados a las normas procesales.
Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.
Agrava esta situación el hecho de que en las últimas dos décadas hubo un notable incremento de la carga de trabajo y conflictividad que recibe el Poder Judicial; es decir, la demanda crece y la complejidad de los asuntos se acentúa mientras se continúa trabajando con procedimientos de hace dos siglos.
En consecuencia, este escenario produce insatisfacción y desconfianza en la sociedad. Según surge del “Índice de Confianza en la Justicia” realizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia –Fores– y la Universidad Di Tella, seis de cada diez argentinos piensa que la Justicia no resulta confiable en términos de honestidad, trato igualitario y eficiencia. Además, este mismo relevamiento, muestra que un 30% no acudiría a la Justicia para resolver sus conflictos.
¿Qué es modernizar el sistema de administración de justicia?
En primer lugar esta modernización no es, solamente, sustituir las antiguas máquinas de escribir por computadoras en las que, en términos generales, se utiliza el procesador de texto. Ello no modifica de manera sustancial la forma de trabajar. Mucho menos escanear documentos como argumento para ir hacia la “digitalización de expedientes”. Éstas son sólo medidas acotadas, necesarias, pero definitivamente no suficientes.
En segundo lugar, tampoco resulta adecuado hablar de “modernización judicial” al referirse a la implementación de procesos de “calidad total” que, partiendo de la necesidad de reformar la administración de justicia, estandarizan las tareas certificando procesos de trabajo dentro del mismo paradigma organizacional, aun cuando, para ser justos, introducen la noción de la “calidad” y generan algunas mejoras menores en la medida en que obligan al personal a reflexionar sobre su accionar.
Todos estos casos son reformas parciales de gestión, que no modifican de manera sustantiva la organización y las formas de trabajo del Poder Judicial; y, al no hacerlo, se corre el riesgo de que la “cultura judicial” termine readaptando las mejoras desvirtuando las reformas intentadas. Es el cambio para que finalmente nada cambie.
Entonces, ¿qué es modernizar la Justicia? Para poder hablar de una profunda modernización de la Justicia, resulta conveniente sustituir por completo el antiguo “paradigma de gestión judicial” por otro totalmente distinto.
Un paradigma que piense a la Justicia como una institución que, al mismo tiempo, que cumple su rol institucional, brinda un servicio público esencial como es la resolución de los conflictos en una comunidad. Este nuevo modelo debe estructurarse sobre la base de las tareas que debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.
En esta línea, las nuevas corrientes en gestión pública conciben a la “administración” como servicio orientado al habitante; en consecuencia, al delinear el próximo sistema de administración de justicia debe pensarse en estos términos, en un diseño tendiente a resolver los conflictos de la gente garantizando el efectivo cumplimiento igualitario de las leyes. Es por ello que, siguiendo al profesor Chayer, es posible afirmar que el Poder Judicial debe brindar un servicio de calidad “… que, en la gestión pública, se mide en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas, alineadas con los fines y propósitos superiores del Poder Judicial”.
En otras palabras, reafirmar su rol institucional –independencia judicial–, pero reformulando su flujo y procesos de trabajo, es decir, rediseñando sus dimensiones organizacionales y de gestión.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estas reformas deben extender el proceso democratizador del Estado, modificando tanto la forma en que se relaciona con la sociedad como también con sus propios integrantes. En este sentido, cabe destacar que, en la actualidad, el Poder Judicial no se muestra transparente en cuanto al ejercicio de su poder jurisdiccional –ya que no hay audiencias públicas y, en caso de producirse, no son publicitadas de modo efectivo– ni en la administración de sus recursos y la ejecución de su presupuesto.
Asimismo, resulta fundamental idear mecanismos de rendición de cuentas adecuados, para que sean los destinatarios quienes evalúen los servicios que se prestan y el gasto efectivo de los recursos. Estas iniciativas tienden a proponer una ampliación de la participación ciudadana para que cualquiera pueda informarse e interiorizarse sobre la forma en que trabaja y maneja sus recursos el Poder Judicial; en definitiva, para que la gente acceda a la rendición de cuentas de este poder del Estado.
Es por ello que, efectividad, eficiencia, transparencia y democratización mediante, el rediseño organizacional de sus estructuras es alguna de las claves de la modernización de nuestro aparato de administración de justicia.
REFORMA JUDICIAL
A continuación se describen algunas ideas, lineamientos y propuestas para el debate sobre la reforma judicial, desde la perspectiva de las políticas públicas.
Un primer aspecto es que las reformas tiendan a que el sistema de administración de justicia brinde un servicio público de calidad orientado a las personas, obteniendo mejores resultados en sus procesos de trabajo (celeridad) como también en sus decisiones jurisdiccionales (sentencias), lo cual redundará en una mayor satisfacción de la gente.
Para esto se requiere redefinir sus modos de trabajar para luego, sobre la base de ellos, realizar un rediseño organizacional de sus estructuras que permita una mejor manera de tomar las decisiones y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados de manera efectiva.
En esa línea, es adecuado retomar el tema de la reforma judicial y la modernización de la Justicia desde el enfoque de las políticas públicas, nutriéndose de los conocimientos y herramientas desarrollados por la gestión pública, pero teniendo en cuenta sus particularidades y sin afectar su independencia.
La reforma judicial es parte de un proceso de modernización más general del Estado en su conjunto; es, para decirlo en otros términos, un capítulo dentro de una profunda reforma del Estado que aún hoy nos debemos.
El análisis de Martín Casares, especialista en gestión judicial; investigador del FORES
http://www.diariobae.com/diario/2011/10/26/3135-como-modernizar-la-justicia.html
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