Tras el fallo[1] de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cabe continuar debatiendo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura puesto que el máximo tribunal fue claro al decidir su inconstitucionalidad.
En su sentencia, la Corte destacó algunos principios importantes de nuestra forma de gobierno republicana y representativa, como la división de poderes, la independencia judicial y el control de constitucionalidad como "instancia de protección de los derechos fundamentales de las personas".
Por otra parte, y siguiendo a Binder, creemos que la reforma planteada no genera modificaciones sustanciales al sistema judicial en términos de acceso a la Justicia ni de mejora de su funcionamiento. Y tampoco es un buen comienzo, toda vez que la orientación planteada en las leyes de la llamada "democratización de la Justicia" pone en riesgo la independencia judicial y no soluciona a fin de cuentas los problemas del poder judicial, que sin duda existen.
Atento a esto, entendemos que no debe desperdiciarse la oportunidad para plantear la necesidad de mejorar nuestro sistema de administración de justicia y avanzar hacia una verdadera reforma judicial. Para ello, estimamos que resultará útil partir de las necesidades concretas de las personas, haciéndose cargo de los principales problemas y deudas pendientes de nuestro sistema judicial.
En este sentido, podemos afirmar que, en general, la mayoría de las investigaciones que analizan el funcionamiento del sistema judicial y los especialistas en la materia coinciden en destacar que el mayor problema es la falta de acceso a la Justicia, seguido por la larga duración de los procesos y el mal funcionamiento de la justicia penal.
En razón de esto, la reforma judicial debe plantearse de manera integral formulando un plan que, partiendo de un diagnóstico previo, fije objetivos concretos, asignando prioridades y contemple un proceso de implementación que resulte adecuado para el logro de los fines definidos previamente.
Al encarar una reforma de estas características, también es recomendable realizar un debate participativo a fin de planificar y delinear sus contenidos de manera consensuada con los operadores judiciales, abogados, representantes de la sociedad civil, académicos y expertos. Así se garantiza que la reforma surja del consenso de los principales actores del sistema judicial y no aparezca como impuesta por ningún sector; y, en consecuencia, posea una mayor legitimidad.
En nuestro país existen ejemplos y experiencias de este tipo, como la mesa permanente del diálogo argentino, el convenio de cooperación técnica para la reforma judicial de la Corte Suprema con organizaciones no gubernamentales y las conferencias nacionales de jueces.
Posibles ejes estratégicos:
Con el objetivo de iniciar el debate, creemos de utilidad sugerir algunos de los lineamientos estratégicos que a nuestro entender debería abordar un plan nacional de reforma judicial:
Asegurar la independencia y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial
Instaurando mecanismos que garanticen la imparcialidad de los magistrados y de la Justicia en cuanto poder del Estado. En este punto, el Consejo de la Magistratura posee un rol fundamental ya que se ocupa de seleccionar y remover a los jueces; para desempeñar de manera técnica y objetiva estas tareas, se requiere de una integración equilibrada en la que ningún estamento posea mayoría por sí mismo. También es necesario implementar mecanismos que garanticen la publicidad y transparencia en los procedimientos de selección y remoción de magistrados y funcionarios.
Políticas públicas de acceso a la Justicia
Con el objeto de garantizar una justicia igualitaria, ampliando la accesibilidad a la resolución de conflictos y la defensa de sus derechos a todas las personas, es necesario contar con un plan que contenga programas de difusión de derechos y educación ciudadana, que descentralice las oficinas judiciales acercándolas a la gente, que amplíe por ejemplo su horario de atención al público, y que ponga en marcha métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación.
Modernización de la organización y gestión judicial
El Poder Judicial presta un servicio público esencial que debe ser brindado con calidad; para ello, es necesario modificar las antiguas estructuras judiciales e implementar un nuevo modelo de oficina judicial diseñado teniendo en cuenta las tareas que se realizan, la carga de trabajo y su conflictividad o complejidad a fin de modificar la forma de organizar el trabajo, es decir, la gestión judicial.
Justicia y seguridad: fortalecer la seguridad mediante una justicia rápida y eficaz.
Resulta imperioso que el Estado pueda ejercer una persecución penal eficaz de los delitos, respetando los derechos de las partes durante el proceso (imputado y víctima) y garantizando el derecho humano fundamental a la seguridad de toda la sociedad.
Para esto, es necesario agilizar el juzgamiento de los delitos y una aplicación rigurosa de las penas de manera rápida y efectiva a quien cometió el delito, destacando así el rol disuasivo de la Justicia a modo de prevención general.
Asimismo, es importante poder contar con una investigación penal eficaz que permita mejorar los resultados y llevar adelante una persecución penal estratégica que se ocupe de investigar las causas del delito, los casos complejos y las organizaciones delictivas. Para lograr esto, es necesario fortalecer al Ministerio Público Fiscal y dotarlo de una policía de investigaciones a su cargo.
Estamos convencidos de que la Justicia necesita cambios que mejoren su funcionamiento; pero la reforma judicial no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia. La reforma judicial continúa pendiente y resulta necesaria. El desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de los jueces a fin de que al momento de juzgar y dictar sentencia puedan resolver los conflictos de manera justa y defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.
@martincasares
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[1] Rizzo Jorge G. s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13).
Columna publicada en: La Ley Online 3 de julio de 2013.
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viernes, 5 de julio de 2013
miércoles, 19 de junio de 2013
Ideas para el debate y la reforma judicial
Estoy a favor de la reforma judicial, pero no de esta. La Justicia necesita cambios, pero no los que propone el Poder Ejecutivo.
Los proyectos impulsados por el gobierno no abordan las principales falencias de nuestro sistema judicial, no le solucionan los problemas a la gente, y la urgencia en su tratamiento aparece como injustificada.
Además, existe una clara contradicción entre el término “democratizar”, sus fundamentos y los proyectos presentados. Ya que mientras se sostiene que se pretende lograr una: Justicia moderna, ágil y transparente para todos, con mayor participación ciudadana, pluralidad, fácil acceso, igualdad; de los proyectos de ley presentados no surgen la normativa ni medidas necesarias para alcanzar esos objetivos.
Más aún, algunas de las iniciativas contradice de manera directa la democratización favoreciendo el avance del poder político partidario y la concentración del poder evitando el control y balance de poderes.
La transformación necesaria para mejorar el actual sistema de administración de justicia debe centrarse en resolver sus principales defectos y debilidades, haciendose cargo de: el acceso a la justicia, la mejora del funcionamiento del poder judicial, superar la sobrecarga de trabajo y agilizar los procesos para que los conflictos se resuelvan más rápido.
La falta de acceso a la justicia es el mayor problema de nuestro sistema judicial. Es prioritario ampliar su accesibilidad de manera igualitaria para todas las personas, y en especial para aquellos sectores de la población más desfavorecidos; para ello resulta necesario remover los obstáculos que impiden un acceso pleno, creando instancias y herramientas más accesibles y menos burocráticas para la gente común.
El Poder Judicial también requiere de reformas que lo adecuen a los estándares republicanos previstos en nuestra constitución nacional. Pero el criterio orientador de los cambios no debe ser la democratización, sino sus principios republicanos: igualdad ante la ley, división de poderes, independencia judicial, publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
La Justicia necesita cambios, y aún con la aprobación de los seis proyectos propuestos la reforma judicial continua pendiente. La reforma no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia y la razón de su existencia; el desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de sus magistrados para que a la hora de juzgar y resolver puedan defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.
@martincasares
Los proyectos impulsados por el gobierno no abordan las principales falencias de nuestro sistema judicial, no le solucionan los problemas a la gente, y la urgencia en su tratamiento aparece como injustificada.
Además, existe una clara contradicción entre el término “democratizar”, sus fundamentos y los proyectos presentados. Ya que mientras se sostiene que se pretende lograr una: Justicia moderna, ágil y transparente para todos, con mayor participación ciudadana, pluralidad, fácil acceso, igualdad; de los proyectos de ley presentados no surgen la normativa ni medidas necesarias para alcanzar esos objetivos.
Más aún, algunas de las iniciativas contradice de manera directa la democratización favoreciendo el avance del poder político partidario y la concentración del poder evitando el control y balance de poderes.
La transformación necesaria para mejorar el actual sistema de administración de justicia debe centrarse en resolver sus principales defectos y debilidades, haciendose cargo de: el acceso a la justicia, la mejora del funcionamiento del poder judicial, superar la sobrecarga de trabajo y agilizar los procesos para que los conflictos se resuelvan más rápido.
La falta de acceso a la justicia es el mayor problema de nuestro sistema judicial. Es prioritario ampliar su accesibilidad de manera igualitaria para todas las personas, y en especial para aquellos sectores de la población más desfavorecidos; para ello resulta necesario remover los obstáculos que impiden un acceso pleno, creando instancias y herramientas más accesibles y menos burocráticas para la gente común.
El Poder Judicial también requiere de reformas que lo adecuen a los estándares republicanos previstos en nuestra constitución nacional. Pero el criterio orientador de los cambios no debe ser la democratización, sino sus principios republicanos: igualdad ante la ley, división de poderes, independencia judicial, publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
La Justicia necesita cambios, y aún con la aprobación de los seis proyectos propuestos la reforma judicial continua pendiente. La reforma no debe afectar la independencia del Poder Judicial, que es su esencia y la razón de su existencia; el desafío será modernizar el sistema judicial garantizando la imparcialidad de sus magistrados para que a la hora de juzgar y resolver puedan defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, el Estado y/o cualquier otro poder circunstancial.
@martincasares
sábado, 10 de marzo de 2012
La organización y las estructuras judiciales.
De la misma manera que la gestión del personal no se adecuó a los tiempos que corren; los tribunales continúan organizados y trabajando prácticamente de la misma manera que hace 150 años. Las estructuras organizativas de los juzgados y tribunales siguen siendo prácticamente iguales sin distinguir su competencia, fuero, instancia o carga de trabajo.
La importancia de la reforma organizacional también impacta en la gestión de las personas, ya que para que ellas puedan cambiar su mentalidad y modificar la forma en que hacen las cosas a diario, es imprescindible su rediseño. Esto se debe a que la organización actúa como la matriz básica de tipo cultural que cobija todas las interacciones personales dentro del sistema judicial. Por lo tanto, sin cambios en las estructuras judiciales resulta bastante difícil que los programas de RRHH den los resultados esperados.
Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.
Este nuevo modelo debe estructurarse en base a las tareas que la organización debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.
En consecuencia, si bien la modernización de las políticas públicas de gestión del empleo y los recursos humanos constituye un eje importante de las reformas de la gestión pública, primero se deben analizar y modificar las estructuras judiciales ya que el diseño organizacional de las instituciones limita de manera decisiva su impacto.
La importancia de la reforma organizacional también impacta en la gestión de las personas, ya que para que ellas puedan cambiar su mentalidad y modificar la forma en que hacen las cosas a diario, es imprescindible su rediseño. Esto se debe a que la organización actúa como la matriz básica de tipo cultural que cobija todas las interacciones personales dentro del sistema judicial. Por lo tanto, sin cambios en las estructuras judiciales resulta bastante difícil que los programas de RRHH den los resultados esperados.
Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.
Este nuevo modelo debe estructurarse en base a las tareas que la organización debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.
En consecuencia, si bien la modernización de las políticas públicas de gestión del empleo y los recursos humanos constituye un eje importante de las reformas de la gestión pública, primero se deben analizar y modificar las estructuras judiciales ya que el diseño organizacional de las instituciones limita de manera decisiva su impacto.
miércoles, 26 de octubre de 2011
¿Cómo modernizar la Justicia?
Tradicionalmente, el Poder Judicial se ve a sí mismo sólo como un Poder del Estado –concepción de Justicia-Poder– olvidándose de que, además, posee una dimensión de servicio que es, por su parte, público y esencial para el desarrollo de la vida en sociedad.
Esta concepción de Justicia-Poder implica que su independencia funcional –esto es, en el ejercicio de su rol jurisdiccional, en las decisiones sobre los casos particulares– se extienda a las decisiones sobre el diseño de sus estructuras, los procesos de trabajo, la selección de personal y la forma de administrar sus recursos. Así, un cuestionamiento sobre estos temas suele interpretarse como una vulneración de la independencia institucional, como si se pusiera en riesgo su rol como Poder del Estado.
Asimismo, tampoco hay una noción clara sobre el concepto de gobierno judicial y sus alcances. En general, las cámaras de apelaciones ejercen la administración de los fueros, pero centrándose en aquellos temas imprescindibles para el funcionamiento del aparato judicial: pago de salarios, licencias, etcétera; esto es, aspectos vinculados con lo que se conoce como sus facultades de superintendencia. En definitiva, se confunde la noción de “gobierno judicial” con la de administración de recursos humanos, tarea que, por su parte, suele hacerse en forma amateur.
En la actualidad, aun con ciertos avances en estos temas, el Poder Judicial continúa administrándose de esta forma sin áreas especializadas ni manejo profesional de sus recursos ya que, tanto a nivel macro (administración) como micro (tribunales) estas áreas quedan a cargo de abogados y no de especialistas en la materia.
Para modificar esta situación, se requiere que los responsables de los máximos organismos del Poder Judicial tomen conciencia de la importancia de su rol ejerciendo, con liderazgo, el gobierno judicial de manera efectiva haciéndose cargo tanto de la administración como de llevar adelante políticas públicas judiciales. En definitiva, se requiere de compromisos e impulsos desde los más altos niveles de decisión que, si bien se encuentran incipientes, todavía resta mucho por hacer.
Por estos motivos es que, mientras los restantes poderes del Estado han avanzado en procesos de modernización, nuestro sistema de administración de justicia continúa trabajando de la misma manera que cuando fue instaurado, debido a que se han producido muy escasas modificaciones en sus estructuras y modos de trabajar, siempre vinculados a las normas procesales.
Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.
Agrava esta situación el hecho de que en las últimas dos décadas hubo un notable incremento de la carga de trabajo y conflictividad que recibe el Poder Judicial; es decir, la demanda crece y la complejidad de los asuntos se acentúa mientras se continúa trabajando con procedimientos de hace dos siglos.
En consecuencia, este escenario produce insatisfacción y desconfianza en la sociedad. Según surge del “Índice de Confianza en la Justicia” realizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia –Fores– y la Universidad Di Tella, seis de cada diez argentinos piensa que la Justicia no resulta confiable en términos de honestidad, trato igualitario y eficiencia. Además, este mismo relevamiento, muestra que un 30% no acudiría a la Justicia para resolver sus conflictos.
¿Qué es modernizar el sistema de administración de justicia?
En primer lugar esta modernización no es, solamente, sustituir las antiguas máquinas de escribir por computadoras en las que, en términos generales, se utiliza el procesador de texto. Ello no modifica de manera sustancial la forma de trabajar. Mucho menos escanear documentos como argumento para ir hacia la “digitalización de expedientes”. Éstas son sólo medidas acotadas, necesarias, pero definitivamente no suficientes.
En segundo lugar, tampoco resulta adecuado hablar de “modernización judicial” al referirse a la implementación de procesos de “calidad total” que, partiendo de la necesidad de reformar la administración de justicia, estandarizan las tareas certificando procesos de trabajo dentro del mismo paradigma organizacional, aun cuando, para ser justos, introducen la noción de la “calidad” y generan algunas mejoras menores en la medida en que obligan al personal a reflexionar sobre su accionar.
Todos estos casos son reformas parciales de gestión, que no modifican de manera sustantiva la organización y las formas de trabajo del Poder Judicial; y, al no hacerlo, se corre el riesgo de que la “cultura judicial” termine readaptando las mejoras desvirtuando las reformas intentadas. Es el cambio para que finalmente nada cambie.
Entonces, ¿qué es modernizar la Justicia? Para poder hablar de una profunda modernización de la Justicia, resulta conveniente sustituir por completo el antiguo “paradigma de gestión judicial” por otro totalmente distinto.
Un paradigma que piense a la Justicia como una institución que, al mismo tiempo, que cumple su rol institucional, brinda un servicio público esencial como es la resolución de los conflictos en una comunidad. Este nuevo modelo debe estructurarse sobre la base de las tareas que debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.
En esta línea, las nuevas corrientes en gestión pública conciben a la “administración” como servicio orientado al habitante; en consecuencia, al delinear el próximo sistema de administración de justicia debe pensarse en estos términos, en un diseño tendiente a resolver los conflictos de la gente garantizando el efectivo cumplimiento igualitario de las leyes. Es por ello que, siguiendo al profesor Chayer, es posible afirmar que el Poder Judicial debe brindar un servicio de calidad “… que, en la gestión pública, se mide en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas, alineadas con los fines y propósitos superiores del Poder Judicial”.
En otras palabras, reafirmar su rol institucional –independencia judicial–, pero reformulando su flujo y procesos de trabajo, es decir, rediseñando sus dimensiones organizacionales y de gestión.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estas reformas deben extender el proceso democratizador del Estado, modificando tanto la forma en que se relaciona con la sociedad como también con sus propios integrantes. En este sentido, cabe destacar que, en la actualidad, el Poder Judicial no se muestra transparente en cuanto al ejercicio de su poder jurisdiccional –ya que no hay audiencias públicas y, en caso de producirse, no son publicitadas de modo efectivo– ni en la administración de sus recursos y la ejecución de su presupuesto.
Asimismo, resulta fundamental idear mecanismos de rendición de cuentas adecuados, para que sean los destinatarios quienes evalúen los servicios que se prestan y el gasto efectivo de los recursos. Estas iniciativas tienden a proponer una ampliación de la participación ciudadana para que cualquiera pueda informarse e interiorizarse sobre la forma en que trabaja y maneja sus recursos el Poder Judicial; en definitiva, para que la gente acceda a la rendición de cuentas de este poder del Estado.
Es por ello que, efectividad, eficiencia, transparencia y democratización mediante, el rediseño organizacional de sus estructuras es alguna de las claves de la modernización de nuestro aparato de administración de justicia.
REFORMA JUDICIAL
A continuación se describen algunas ideas, lineamientos y propuestas para el debate sobre la reforma judicial, desde la perspectiva de las políticas públicas.
Un primer aspecto es que las reformas tiendan a que el sistema de administración de justicia brinde un servicio público de calidad orientado a las personas, obteniendo mejores resultados en sus procesos de trabajo (celeridad) como también en sus decisiones jurisdiccionales (sentencias), lo cual redundará en una mayor satisfacción de la gente.
Para esto se requiere redefinir sus modos de trabajar para luego, sobre la base de ellos, realizar un rediseño organizacional de sus estructuras que permita una mejor manera de tomar las decisiones y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados de manera efectiva.
En esa línea, es adecuado retomar el tema de la reforma judicial y la modernización de la Justicia desde el enfoque de las políticas públicas, nutriéndose de los conocimientos y herramientas desarrollados por la gestión pública, pero teniendo en cuenta sus particularidades y sin afectar su independencia.
La reforma judicial es parte de un proceso de modernización más general del Estado en su conjunto; es, para decirlo en otros términos, un capítulo dentro de una profunda reforma del Estado que aún hoy nos debemos.
El análisis de Martín Casares, especialista en gestión judicial; investigador del FORES
http://www.diariobae.com/diario/2011/10/26/3135-como-modernizar-la-justicia.html
@martincasares
Esta concepción de Justicia-Poder implica que su independencia funcional –esto es, en el ejercicio de su rol jurisdiccional, en las decisiones sobre los casos particulares– se extienda a las decisiones sobre el diseño de sus estructuras, los procesos de trabajo, la selección de personal y la forma de administrar sus recursos. Así, un cuestionamiento sobre estos temas suele interpretarse como una vulneración de la independencia institucional, como si se pusiera en riesgo su rol como Poder del Estado.
Asimismo, tampoco hay una noción clara sobre el concepto de gobierno judicial y sus alcances. En general, las cámaras de apelaciones ejercen la administración de los fueros, pero centrándose en aquellos temas imprescindibles para el funcionamiento del aparato judicial: pago de salarios, licencias, etcétera; esto es, aspectos vinculados con lo que se conoce como sus facultades de superintendencia. En definitiva, se confunde la noción de “gobierno judicial” con la de administración de recursos humanos, tarea que, por su parte, suele hacerse en forma amateur.
En la actualidad, aun con ciertos avances en estos temas, el Poder Judicial continúa administrándose de esta forma sin áreas especializadas ni manejo profesional de sus recursos ya que, tanto a nivel macro (administración) como micro (tribunales) estas áreas quedan a cargo de abogados y no de especialistas en la materia.
Para modificar esta situación, se requiere que los responsables de los máximos organismos del Poder Judicial tomen conciencia de la importancia de su rol ejerciendo, con liderazgo, el gobierno judicial de manera efectiva haciéndose cargo tanto de la administración como de llevar adelante políticas públicas judiciales. En definitiva, se requiere de compromisos e impulsos desde los más altos niveles de decisión que, si bien se encuentran incipientes, todavía resta mucho por hacer.
Por estos motivos es que, mientras los restantes poderes del Estado han avanzado en procesos de modernización, nuestro sistema de administración de justicia continúa trabajando de la misma manera que cuando fue instaurado, debido a que se han producido muy escasas modificaciones en sus estructuras y modos de trabajar, siempre vinculados a las normas procesales.
Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.
Agrava esta situación el hecho de que en las últimas dos décadas hubo un notable incremento de la carga de trabajo y conflictividad que recibe el Poder Judicial; es decir, la demanda crece y la complejidad de los asuntos se acentúa mientras se continúa trabajando con procedimientos de hace dos siglos.
En consecuencia, este escenario produce insatisfacción y desconfianza en la sociedad. Según surge del “Índice de Confianza en la Justicia” realizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia –Fores– y la Universidad Di Tella, seis de cada diez argentinos piensa que la Justicia no resulta confiable en términos de honestidad, trato igualitario y eficiencia. Además, este mismo relevamiento, muestra que un 30% no acudiría a la Justicia para resolver sus conflictos.
¿Qué es modernizar el sistema de administración de justicia?
En primer lugar esta modernización no es, solamente, sustituir las antiguas máquinas de escribir por computadoras en las que, en términos generales, se utiliza el procesador de texto. Ello no modifica de manera sustancial la forma de trabajar. Mucho menos escanear documentos como argumento para ir hacia la “digitalización de expedientes”. Éstas son sólo medidas acotadas, necesarias, pero definitivamente no suficientes.
En segundo lugar, tampoco resulta adecuado hablar de “modernización judicial” al referirse a la implementación de procesos de “calidad total” que, partiendo de la necesidad de reformar la administración de justicia, estandarizan las tareas certificando procesos de trabajo dentro del mismo paradigma organizacional, aun cuando, para ser justos, introducen la noción de la “calidad” y generan algunas mejoras menores en la medida en que obligan al personal a reflexionar sobre su accionar.
Todos estos casos son reformas parciales de gestión, que no modifican de manera sustantiva la organización y las formas de trabajo del Poder Judicial; y, al no hacerlo, se corre el riesgo de que la “cultura judicial” termine readaptando las mejoras desvirtuando las reformas intentadas. Es el cambio para que finalmente nada cambie.
Entonces, ¿qué es modernizar la Justicia? Para poder hablar de una profunda modernización de la Justicia, resulta conveniente sustituir por completo el antiguo “paradigma de gestión judicial” por otro totalmente distinto.
Un paradigma que piense a la Justicia como una institución que, al mismo tiempo, que cumple su rol institucional, brinda un servicio público esencial como es la resolución de los conflictos en una comunidad. Este nuevo modelo debe estructurarse sobre la base de las tareas que debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.
En esta línea, las nuevas corrientes en gestión pública conciben a la “administración” como servicio orientado al habitante; en consecuencia, al delinear el próximo sistema de administración de justicia debe pensarse en estos términos, en un diseño tendiente a resolver los conflictos de la gente garantizando el efectivo cumplimiento igualitario de las leyes. Es por ello que, siguiendo al profesor Chayer, es posible afirmar que el Poder Judicial debe brindar un servicio de calidad “… que, en la gestión pública, se mide en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas, alineadas con los fines y propósitos superiores del Poder Judicial”.
En otras palabras, reafirmar su rol institucional –independencia judicial–, pero reformulando su flujo y procesos de trabajo, es decir, rediseñando sus dimensiones organizacionales y de gestión.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estas reformas deben extender el proceso democratizador del Estado, modificando tanto la forma en que se relaciona con la sociedad como también con sus propios integrantes. En este sentido, cabe destacar que, en la actualidad, el Poder Judicial no se muestra transparente en cuanto al ejercicio de su poder jurisdiccional –ya que no hay audiencias públicas y, en caso de producirse, no son publicitadas de modo efectivo– ni en la administración de sus recursos y la ejecución de su presupuesto.
Asimismo, resulta fundamental idear mecanismos de rendición de cuentas adecuados, para que sean los destinatarios quienes evalúen los servicios que se prestan y el gasto efectivo de los recursos. Estas iniciativas tienden a proponer una ampliación de la participación ciudadana para que cualquiera pueda informarse e interiorizarse sobre la forma en que trabaja y maneja sus recursos el Poder Judicial; en definitiva, para que la gente acceda a la rendición de cuentas de este poder del Estado.
Es por ello que, efectividad, eficiencia, transparencia y democratización mediante, el rediseño organizacional de sus estructuras es alguna de las claves de la modernización de nuestro aparato de administración de justicia.
REFORMA JUDICIAL
A continuación se describen algunas ideas, lineamientos y propuestas para el debate sobre la reforma judicial, desde la perspectiva de las políticas públicas.
Un primer aspecto es que las reformas tiendan a que el sistema de administración de justicia brinde un servicio público de calidad orientado a las personas, obteniendo mejores resultados en sus procesos de trabajo (celeridad) como también en sus decisiones jurisdiccionales (sentencias), lo cual redundará en una mayor satisfacción de la gente.
Para esto se requiere redefinir sus modos de trabajar para luego, sobre la base de ellos, realizar un rediseño organizacional de sus estructuras que permita una mejor manera de tomar las decisiones y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados de manera efectiva.
En esa línea, es adecuado retomar el tema de la reforma judicial y la modernización de la Justicia desde el enfoque de las políticas públicas, nutriéndose de los conocimientos y herramientas desarrollados por la gestión pública, pero teniendo en cuenta sus particularidades y sin afectar su independencia.
La reforma judicial es parte de un proceso de modernización más general del Estado en su conjunto; es, para decirlo en otros términos, un capítulo dentro de una profunda reforma del Estado que aún hoy nos debemos.
El análisis de Martín Casares, especialista en gestión judicial; investigador del FORES
http://www.diariobae.com/diario/2011/10/26/3135-como-modernizar-la-justicia.html
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