Cárceles y reinserción.

En Argentina, el 32 % de los detenidos condenados vuelve a la cárcel. El dato oficial surge del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena, y es el resultado de la suma de los detenidos reiterantes, más los reincidentes y los reincidentes múltiples.

Si bien este porcentaje de reingreso es alto, es posible que sea aún mayor ya que se debe tener en cuenta que al calcularlo sólo se toma a los condenados sin tener en cuenta a los procesados (sin condena firme) que ascienden al 51% del total de la población en cárceles.

Reafirma esto, la existencia de informes no oficiales que mencionan una tasa de reingreso de entre el 40 % y el 55 %. Y suponiendo que este índice sea del 50 %, esto implica que 5 de cada 10 detenidos vuelven a cometer delitos luego de salir de la cárcel. Es decir, que de los 60.789 reclusos actualmente detenidos, más de 30 mil volverán a ingresar al sistema penitenciario.

Es por ello que entiendo que al planificar la política criminal se debe tener especialmente en cuenta la situación carcelaria, el rol del sistema penitenciario y sus resultados; ya que si la etapa de ejecución de la pena no cumple con su objetivo principal de lograr la reinserción social del detenido, no hay forma de mejorar el panorama de inseguridad que se vive en el país.

Así las cosas, creo que cabe preguntarnos cuales deberían ser los ejes para conseguir una efectiva reinserción social de aquellas personas que egresan de la cárcel; y en este sentido existe consenso entre la mayoría de los especialistas en la importancia de desarrollar programas de: educación, trabajo y deporte dentro de la cárcel.

De hecho, abordando el primer eje relativo a educación, también se estaría avanzando en una deuda social en materia de nivel de instrucción, ya que según datos oficiales el 44 % de los internos no han terminado sus estudios: el 28 % posee el primario incompleto y el 16 % adeuda finalizar el secundario.

Y en cuanto al trabajo, también surge que al momento de ingreso el 40 % de los imputados se encontraban desocupados, mientras que el 35 % solo poseía trabajo de tiempo parcial; es decir que el 75 % de los ingresantes no tenían trabajo de tiempo completo. Por último, con relación a su capacitación laboral el 43 % de la población total no posee oficio ni profesión.

En consecuencia, resulta importante que dentro de las cárceles se establezcan programas que tengan como finalidad ayudar a los internos a terminar su educación primaria y secundaria; como también aumentar la enseñanza de artes y oficios acordes con las demandas laborales reales del medio en el que se tendrá que reinsertar el interno.

Para ello, se necesita un plan que posea objetivos a corto, mediano y largo plazo a cargo de un funcionario responsable, que presente anualmente un informe da rendición de cuentas sobre la eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos preestablecidos, con sus avances concretos, las dificultades y haciendo saber la forma en que se han administrado los recursos públicos en términos de eficiencia del gasto.

La política penitenciaria se encuentra dentro de un marco más amplio que es el de la política criminal, y en el logro de su objetivo resocializador debe cumplir con los valores constitucionales y respetar los derechos humanos; sólo así podrá hacer su aporte para superar la delicada situación de inseguridad.


Publicado previamente en Suplemento Judicial del BAE.

LOS FISCALES Y SU NUEVO ROL

Los sistemas acusatorios plantean un nuevo escenario al Ministerio Público Fiscal; en estos sistemas procesales cambia el rol de los fiscales a quienes el código procesal les asigna un mayor protagonismo con nuevas obligaciones y responsabilidades.

El gran desafío para el Ministerio Público Fiscal será conseguir una mayor eficacia en la persecución penal resguardando los derechos y garantías individuales. Es decir, cómo lograr que los fiscales sean más eficientes en la persecución de los delitos, mejorando los resultados obtenidos; y de este modo hacer un aporte en términos de seguridad ciudadana.

Este nuevo rol, implica que el fiscal lleve adelante la investigación a lo largo de todo el proceso penal; asignándole las funciones de: investigar, plantear una persecución inteligente de los delitos, litigar en juicio y asistir a la víctima. Y la mayor dificultad será cumplir con las funciones mencionadas, haciéndose cargo de la gran cantidad de trabajo que ya pesa sobre las fiscalías.

Está claro, que con fiscalías tal como las conocemos, no hay forma de poder llevar adelante todo esto; y que además tenemos que pensar que estas tareas no pueden ser desempeñadas por cada fiscal individual. Sino que será necesario contar con una policía de investigaciones que, dirigida por los fiscales, realice las tareas de investigación; con áreas específicas de asistencia a la víctima; y otras que se ocupen de la planificación estratégica y la formulación de la política criminal. Todas estas áreas con personal multidisciplinario e idóneo con un perfil bien distinto al de los fiscales.

Así, para poder hacer frente a este nuevo escenario, será preciso contar con una organización de la oficina judicial distinta; que deje atrás el modelo tradicional que copia a los juzgados de instrucción, como también pensar criterios de gestión judicial específicos y adecuados a las nuevas tareas que debe desempeñar el Ministerio Público Fiscal.

De este modo, el diseño organizacional debe estar guiado por el rol del fiscal e incluir mejoras en la gestión de las fiscalías para cumplir con las nuevas funciones y conseguir sus objetivos estratégicos.

Para ello, resulta importante que las reformas en materia procesal penal no se limiten a solamente a sustituir los códigos existentes. Resulta imprescindible que se avance en la transformación de la organización y gestión judicial, que se implementen los cambios de manera planificada y ordenada, con una fuerte capacitación e inversión en infraestructura y tecnología.

También es sustancial, tener claro que no existe un único “nuevo modelo de fiscalía ideal”; sino algunos lineamientos generales, que acompañados de las herramientas que ha desarrollado la gestión pública, permitirán una reforma apropiada y específica para las fiscalías penales de cada jurisdicción.

Un diseño innovador que, partiendo del nuevo rol de los fiscales, y teniendo en cuenta la carga de trabajo, la conflictividad, el tipo de delito y particularidades de cada zona, permita hacerse cargo de las obligaciones y responsabilidades del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con sus objetivos estratégicos, para que los fiscales puedan representar y defender los intereses de la sociedad de la mejor manera posible.