¿Cómo modernizar la Justicia?

Tradicionalmente, el Poder Judicial se ve a sí mismo sólo como un Poder del Estado –concepción de Justicia-Poder– olvidándose de que, además, posee una dimensión de servicio que es, por su parte, público y esencial para el desarrollo de la vida en sociedad.

Esta concepción de Justicia-Poder implica que su independencia funcional –esto es, en el ejercicio de su rol jurisdiccional, en las decisiones sobre los casos particulares– se extienda a las decisiones sobre el diseño de sus estructuras, los procesos de trabajo, la selección de personal y la forma de administrar sus recursos. Así, un cuestionamiento sobre estos temas suele interpretarse como una vulneración de la independencia institucional, como si se pusiera en riesgo su rol como Poder del Estado.

Asimismo, tampoco hay una noción clara sobre el concepto de gobierno judicial y sus alcances. En general, las cámaras de apelaciones ejercen la administración de los fueros, pero centrándose en aquellos temas imprescindibles para el funcionamiento del aparato judicial: pago de salarios, licencias, etcétera; esto es, aspectos vinculados con lo que se conoce como sus facultades de superintendencia. En definitiva, se confunde la noción de “gobierno judicial” con la de administración de recursos humanos, tarea que, por su parte, suele hacerse en forma amateur.

En la actualidad, aun con ciertos avances en estos temas, el Poder Judicial continúa administrándose de esta forma sin áreas especializadas ni manejo profesional de sus recursos ya que, tanto a nivel macro (administración) como micro (tribunales) estas áreas quedan a cargo de abogados y no de especialistas en la materia.

Para modificar esta situación, se requiere que los responsables de los máximos organismos del Poder Judicial tomen conciencia de la importancia de su rol ejerciendo, con liderazgo, el gobierno judicial de manera efectiva haciéndose cargo tanto de la administración como de llevar adelante políticas públicas judiciales. En definitiva, se requiere de compromisos e impulsos desde los más altos niveles de decisión que, si bien se encuentran incipientes, todavía resta mucho por hacer.

Por estos motivos es que, mientras los restantes poderes del Estado han avanzado en procesos de modernización, nuestro sistema de administración de justicia continúa trabajando de la misma manera que cuando fue instaurado, debido a que se han producido muy escasas modificaciones en sus estructuras y modos de trabajar, siempre vinculados a las normas procesales.

Por su parte, los nuevos enfoques en gestión pública proponen reformar las vetustas estructuras “burocráticas” por una administración horizontal, que gestione por objetivos y resultados; que, en la prestación de sus servicios, tenga presente a los usuarios directos como a los destinatarios finales para los que fue creado. En síntesis, que se preocupe por la calidad de sus servicios orientados a resultados medibles.

Agrava esta situación el hecho de que en las últimas dos décadas hubo un notable incremento de la carga de trabajo y conflictividad que recibe el Poder Judicial; es decir, la demanda crece y la complejidad de los asuntos se acentúa mientras se continúa trabajando con procedimientos de hace dos siglos.

En consecuencia, este escenario produce insatisfacción y desconfianza en la sociedad. Según surge del “Índice de Confianza en la Justicia” realizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia –Fores– y la Universidad Di Tella, seis de cada diez argentinos piensa que la Justicia no resulta confiable en términos de honestidad, trato igualitario y eficiencia. Además, este mismo relevamiento, muestra que un 30% no acudiría a la Justicia para resolver sus conflictos.

¿Qué es modernizar el sistema de administración de justicia?
En primer lugar esta modernización no es, solamente, sustituir las antiguas máquinas de escribir por computadoras en las que, en términos generales, se utiliza el procesador de texto. Ello no modifica de manera sustancial la forma de trabajar. Mucho menos escanear documentos como argumento para ir hacia la “digitalización de expedientes”. Éstas son sólo medidas acotadas, necesarias, pero definitivamente no suficientes.

En segundo lugar, tampoco resulta adecuado hablar de “modernización judicial” al referirse a la implementación de procesos de “calidad total” que, partiendo de la necesidad de reformar la administración de justicia, estandarizan las tareas certificando procesos de trabajo dentro del mismo paradigma organizacional, aun cuando, para ser justos, introducen la noción de la “calidad” y generan algunas mejoras menores en la medida en que obligan al personal a reflexionar sobre su accionar.

Todos estos casos son reformas parciales de gestión, que no modifican de manera sustantiva la organización y las formas de trabajo del Poder Judicial; y, al no hacerlo, se corre el riesgo de que la “cultura judicial” termine readaptando las mejoras desvirtuando las reformas intentadas. Es el cambio para que finalmente nada cambie.

Entonces, ¿qué es modernizar la Justicia? Para poder hablar de una profunda modernización de la Justicia, resulta conveniente sustituir por completo el antiguo “paradigma de gestión judicial” por otro totalmente distinto.

Un paradigma que piense a la Justicia como una institución que, al mismo tiempo, que cumple su rol institucional, brinda un servicio público esencial como es la resolución de los conflictos en una comunidad. Este nuevo modelo debe estructurarse sobre la base de las tareas que debe realizar para alcanzar sus objetivos, y no siguiendo tradiciones organizacionales que han dejado de cubrir las demandas actuales.

En esta línea, las nuevas corrientes en gestión pública conciben a la “administración” como servicio orientado al habitante; en consecuencia, al delinear el próximo sistema de administración de justicia debe pensarse en estos términos, en un diseño tendiente a resolver los conflictos de la gente garantizando el efectivo cumplimiento igualitario de las leyes. Es por ello que, siguiendo al profesor Chayer, es posible afirmar que el Poder Judicial debe brindar un servicio de calidad “… que, en la gestión pública, se mide en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas, alineadas con los fines y propósitos superiores del Poder Judicial”.

En otras palabras, reafirmar su rol institucional –independencia judicial–, pero reformulando su flujo y procesos de trabajo, es decir, rediseñando sus dimensiones organizacionales y de gestión.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estas reformas deben extender el proceso democratizador del Estado, modificando tanto la forma en que se relaciona con la sociedad como también con sus propios integrantes. En este sentido, cabe destacar que, en la actualidad, el Poder Judicial no se muestra transparente en cuanto al ejercicio de su poder jurisdiccional –ya que no hay audiencias públicas y, en caso de producirse, no son publicitadas de modo efectivo– ni en la administración de sus recursos y la ejecución de su presupuesto.

Asimismo, resulta fundamental idear mecanismos de rendición de cuentas adecuados, para que sean los destinatarios quienes evalúen los servicios que se prestan y el gasto efectivo de los recursos. Estas iniciativas tienden a proponer una ampliación de la participación ciudadana para que cualquiera pueda informarse e interiorizarse sobre la forma en que trabaja y maneja sus recursos el Poder Judicial; en definitiva, para que la gente acceda a la rendición de cuentas de este poder del Estado.

Es por ello que, efectividad, eficiencia, transparencia y democratización mediante, el rediseño organizacional de sus estructuras es alguna de las claves de la modernización de nuestro aparato de administración de justicia.

REFORMA JUDICIAL
A continuación se describen algunas ideas, lineamientos y propuestas para el debate sobre la reforma judicial, desde la perspectiva de las políticas públicas.

Un primer aspecto es que las reformas tiendan a que el sistema de administración de justicia brinde un servicio público de calidad orientado a las personas, obteniendo mejores resultados en sus procesos de trabajo (celeridad) como también en sus decisiones jurisdiccionales (sentencias), lo cual redundará en una mayor satisfacción de la gente.

Para esto se requiere redefinir sus modos de trabajar para luego, sobre la base de ellos, realizar un rediseño organizacional de sus estructuras que permita una mejor manera de tomar las decisiones y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados de manera efectiva.

En esa línea, es adecuado retomar el tema de la reforma judicial y la modernización de la Justicia desde el enfoque de las políticas públicas, nutriéndose de los conocimientos y herramientas desarrollados por la gestión pública, pero teniendo en cuenta sus particularidades y sin afectar su independencia.

La reforma judicial es parte de un proceso de modernización más general del Estado en su conjunto; es, para decirlo en otros términos, un capítulo dentro de una profunda reforma del Estado que aún hoy nos debemos.

El análisis de Martín Casares, especialista en gestión judicial; investigador del FORES

http://www.diariobae.com/diario/2011/10/26/3135-como-modernizar-la-justicia.html

@martincasares